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Nadia Antonella Lima, una de las imputadas en la causa por loteos ilegales en La Plata, solicitó declarar de forma sorpresiva ante la Justicia tras un cambio en su estrategia de defensa. La acusada busca exponer el funcionamiento interno del Grupo Delsud y sostiene que ella también fue víctima de las estafas inmobiliarias investigadas.
La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5 de La Plata, conducida por el fiscal Juan Menucci. La investigación busca determinar responsabilidades en presuntas estafas inmobiliarias vinculadas a la comercialización de terrenos en desarrollos como Sophenia y Garden. Estos predios correspondían a zonas rurales o de reserva hortícola que no contaban con las autorizaciones urbanísticas requeridas para su subdivisión y escrituración individual.
Los imputados y su situación procesal
El expediente contempla a cuatro personas procesadas: Francisco Alberto Vila Basualdo (titular del Grupo Delsud) y su exesposa Eugenia Martínez: permanecen detenidos y se les imputan diez hechos de estafa. A Martínez también se le atribuye el presunto uso de documentación pública falsa. Nadia Antonella Lima: acusada por participación en ocho episodios de estafa y cuya excarcelación fue rechazada. Milena del Sol Dell’Aqua: imputada como presunta partícipe necesaria en seis hechos; fue excarcelada pero continúa sometida al proceso penal.
Tras cambiar su defensa y quedar representada por los abogados Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, Nadia Antonella Lima solicitó declarar ante la Fiscalía. Según trascendió, la acusada busca exponer detalles sobre el funcionamiento del Grupo Delsud y sostiene que ella también habría sido víctima de las operaciones investigadas.
Desde el ámbito judicial explicaron que su presentación no la convierte formalmente en imputada colaboradora ni altera de inmediato su situación procesal, ya que sus dichos deberán ser contrastados y corroborados con pruebas independientes dentro de la causa.
La acusación señala que a los compradores se les ofrecían lotes con la promesa de acceso a infraestructura, servicios públicos y futura escrituración individual. Tras realizar anticipos y pagar cuotas de financiación, los adquirentes se encontraron con la imposibilidad de regularizar la titularidad individual de las tierras.

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