El Departamento de Inspecciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Provincia dispuso desde el pasado 1° de septiembre el cierre definitivo de la clínica privada Luminar, luego de la presentación de un habeas corpus colectivo y una denuncia penal y administrativa realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a causa de las irregularidades detectadas en su funcionamiento. La clínica operó durante años con graves faltas edilicias y violando la legislación vigente en materia de salud mental, como la inexistencia de historias clínicas, deficiente presencia de profesionales médicos y dificultad de los usuarios para comunicarse con el exterior; pero además en enero pasado fue escenario de la muerte de una joven de 16 años cuyas causas todavía son materia de investigación.
Según informó la agencia Andar, el primer día hábil de septiembre se conoció la resolución del Ministerio de Salud bonaerense mediante la cual se dispuso el cierre definitivo de la clínica neuropsiquiátrica de 13 entre 69 y 70, frente a la que días atrás decenas de trabajadores habían realizado una protesta por las deudas en el pago de los salarios. La medida de las autoridades, sin embargo, nada tuvo que ver con aquellos reclamos y es que la decisión se tomó debido a la continuidad de las graves irregularidades edilicias y terapéuticas, además de la causa penal que investiga la muerte de una paciente y que tramita en la UFI 6 de La Plata a cargo del fiscal Juan Menucci.
El cierre definitivo fue ejecutado por el Departamento de Inspecciones Sanitarias de la cartera que conduce Nicolás Kreplak, que en mayo pasado -y en el marco de un habeas corpus colectivo y de carácter correctivo presentado por la CPM- había dispuesto la clausura provisoria prohibiendo el ingreso de nuevos usuarios a la clínica Luminar y exigiendo una serie de acciones urgentes. Esto último fue requerido a los efectos de cumplir con los preceptos de la ley 26657 de salud mental y la protección y promoción de los derechos humanos de las personas internadas.
Cabe recordar que mediante el habeas corpus (presentado en abril de este año, originalmente ante la justicia civil y pasado luego al fuero penal), la CPM había denunciado graves irregularidades y vulneraciones de derechos como detenciones sin control judicial, sobremedicación sin control adecuado, sujeción mecánica sin protocolo alguno, abusos sexuales permitidos por el personal de seguridad, aislamiento como parte del tratamiento y menores alojados con mayores. A raíz de las entrevistas mantenidas con el subdirector de la clínica, Eduardo Maltz, y con dos integrantes del equipo de salud además de los diálogos confidenciales con las personas alojadas en el establecimiento, se relevaron las condiciones materiales, de seguridad e higiene de toda la institución y se procedió al registro de historias clínicas y del reporte de enfermería.
Con capacidad para 63 camas de internación, al momento de la jornada de monitoreo se hallaban alojadas 49 personas. Además de incumplimientos a la ley 26657 y a la ley 26529 de derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado se detectaron graves violaciones a los derechos de las personas: irregularidades respecto al control de legalidad de las internaciones, alojamiento de personas menores de edad con personas adultas y cantidad insuficiente de personal para garantizar los cuidados, también falta de actividades o talleres, sometimiento a régimen de aislamiento prolongado, sujeción mecánica gravosa, condiciones materiales irregulares y riesgosas y ausencia de perspectiva de género y de abordaje en situaciones de violencia sexual entre las personas internadas.
En aquella oportunidad una de las profesionales entrevistadas por la CPM reconoció que no contaban con estrategias efectivas de externación y que se alojaban personas desde hacía años sin criterio legítimo. Además, los psiquiatras de la institución rara vez se vinculaban con las personas internadas, por lo que éstas no sabían qué medicación consumían, para qué, durante cuánto tiempo y en el marco de qué tratamiento general. Por el contrario, muchas refirieron padecer síntomas incapacitantes (dificultades para hablar o para mantenerse en pie) debido al consumo de fármacos suministrados sin control profesional ni con fines terapéuticos.
Finalmente, se detectó que 16 personas internadas de forma voluntaria habían pasado hasta más de un año en la clínica sin supervisión del órgano judicial competente, tal como lo prevé la ley nacional de salud mental. La misma ausencia de control legal ocurría con las personas menores de edad. Incluso hubo casos en los que a las personas internadas que manifestaron su interés de abandonar el tratamiento se les informó falsamente que no podían retirarse porque habían sido judicializadas.
