El escándalo que atraviesan los Tribunales platenses por las detenciones de un funcionario judicial, el dueño de una inmobiliaria, policías, particulares y un escribano promete extenderse en las próximas horas, en la que los involucrados serán llevado a sede judicial para declarar. En ese marco, se conocieron los nombres de los detenidos, así como registros fílmicos de varios de los 20 operativos realizados para detenerlos y parte del material documental que engrosa la causa. Entre ellos, aparece un funcionario judicial colaborando con una banda de usurpadores.
Según se informó en las últimas horas, detectives de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales vienen trabajando, desde hace más de dos meses, con la Fiscal de la Plata Betina Lucki, intentando identificar a esta organización delictiva dedicada a usurpar viviendas para posteriormente comercializarlas con escrituras truchas.
Según se informó, tras realizar durante semanas numerosas diligencias investigativas, se logró conectar distintos casos de usurpaciones que se estaban repitiendo en la Ciudad de La Plata. La clave fue que al analizar integralmente los antecedentes incorporados a cada investigación, que en principio parecían ser hechos aislados. La pesquisa llevada a cabo por los funcionarios policiales bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción Nro 2, permitieron desentrañar todos los detalles necesarios para acreditar que las actividades eran llevadas a cabo por una organización criminal dedicada a esta modalidad.
LOS OPERATIVOS
Desde las primeras horas de este viernes personal de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó unos 20 allanamientos en el marco de dos causas penales que tramitan en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Plata a cargo de la fiscal Betina Lacki. En la primera se investiga una asociación ilícita destinada a la usurpación de propiedades y en la segunda, que por el momento no tiene conexión con la primera, se detuvo a un joven abogado penalista acusado de solicitar dinero para sobornar a un fiscal.
En la primera de las investigaciones fueron detenidos el abogado y empleado judicial Carlos Ibarrola, quien está acusado de formar parte de una asociación ilícita junto a policías, al menos un escribano y un martillero, junto a particulares quienes se dedicaban a la usurpación de propiedades.
En el marco de esta investigación penal también fueron detenidos el policía Martín Ayala, un escribano identificado como Julián Castrillo y un martillero, entre otros implicados. En tanto hay varios prófugos que son intensamente buscados por personal policial. En la causa, a la que accedió este portal, aparecen otros involucrados cuyo nombre no se publicará hasta que se aclare su situación judicial. Las órdenes de detención fueron libradas por la jueza Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías 5 de La Plata.
En tanto, en la segunda de las investigaciones, fue detenido el abogado Juan Manuel Fontana imputado por “defraudación”. Según consta en las fojas del expediente el letrado le solicitó y cobró dinero a un detenido para abonar un soborno a un fiscal, cuyo nombre se mantendrá en reserva. Del expediente surge que Fontana se hizo de más de 500 mil pesos, setecientos dólares y un Peugeot 307 para pagar la presunta coima con el objetivo que el fiscal no se oponga a una excarcelación. La orden de detención fue librada por el juez Pablo Raele titular del Juzgado de Garantías 3 de La Plata.
LA MODALIDAD CRIMINAL
En el caso de las usurpaciones, la banda usurpaba las casas y pasaba la información a un escribano que se encargaba de confeccionar la documentación adulterada. Finalmente, las fincas eran publicadas a través de distintas plataformas y eran vendidas en forma fraudulenta. Lo llamativo además es la complicidad de un funcionario judicial, quien finalmente resultó ser un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que ejercía funciones de custodia en una Fiscalía de Juicio. Se presume que suministraba información sobre las causas en trámite, aunque esta maniobra aun es objeto de investigación.
Fue así, que tras acumularse numerosos elementos de prueba, la Fiscal consideró formular el requerimiento al Juez para que libre más de 20 órdenes de allanamiento que tenían por finalidad detener a los miembros de la banda y el secuestro de material de interés para la pesquisa.
Según trascendió, en uno de los registros, personal de los Grupos Especiales de la PFA fueron recibidos a tiros, aunque el rápido accionar de los efectivos, permitió una rápida irrupción y la detención del imputado. Al margen de secuestrarse elementos de relevancia para la pesquisa, el detenido quedó afectado a una causa paralela por disparos de arma de fuego y resistencia a la autoridad, hechos cometidos al momento de registrarse su vivienda.
En otro de los allanamientos, concretamente el que se llevó a cabo en la escribanía y que culminó con la detención de su titular, trascendió que el veedor designado por el Colegio Público de Escribanos habría alertado a los imputados sobre la medida que iba a llevarse a cabo. Sin embargo, el rápido accionar de los oficiales destacados en el lugar, evitaron cualquier fuga de información ya que se encontraban apostados en la puerta de la escribanía desde tempranas horas.
Como resultado de los procedimientos, se detuvieron a 10 personas y se secuestró gran cantidad de dispositivos de almacenamiento, documentación y armas de fuego. Entre los apresados, se encuentra el escribano de apellido Castrillo y el funcionario policial mencionado.
Como ya se informó, también en La Plata, agentes de la División Antifraude detuvieron a un abogado acusado de extorsionar a un imputado, exigiéndole plata bajo el pretexto de que sería para “adornar” al fiscal de la causa, quien lo beneficiaría en su situación procesal. Si bien las medidas fueron impulsadas por Lacki, la detención fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nro. 3 de la Plata de Paulo Reale.
La totalidad de detenidos fueron trasladados a la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales, donde permanecerán alojados a la espera de ser indagados por el Juez que entiende en la causa.
