Se paralizaron obras en loteos ilegales y el fiscal a cargo del caso recibió duras críticas de una jueza

La causa que investiga una supuesta asociación ilícita entre inmobiliarias y ex funcionarios de la Municipalidad de La Plata, entre los que se encuentra el ex intendente Julio Garro, para la comercialización de lotes para el desarrollo urbano continúa avanzando, lentamente.

Recientemente, la jueza de garantías, Marcela Garmendia, ordenó la detención de todas las obras llevadas a cabo en emprendimientos denunciados por la comuna en octubre del 2024. Además, realizó fuertes críticas al fiscal a cargo del caso, Juan Cruz Condomí Alcorta, por no avanzar debidamente con la investigación y no actuar acorde a la Justicia.

El fallo de la magistrada establece que toda actividad de estos emprendimientos debe detenerse. Esto afecta los trabajos de construcción, movimiento de suelos, apertura de calles e infraestructura en 10 loteos inmobiliarios ilegales. Esta resolución resuelve un pedido de medidas cautelares realizado por la Municipalidad. Aunque casi la mitad del documento está dedicada al “no accionar” de Condomí Alcorta, fiscal titular de la UFI 16.

Garmendia sostiene que la causa presenta demoras sin justificación, un mínimo avance investigativo y de realización de pesquisas, además de una falta de medidas para frenar las maniobras denunciadas. La jueza advirtió que la causa ya tiene dos años y a la fecha aún no se realizaron las imputaciones debidas a los denunciados, entre los que se encuentran el ex intendente Julio César Garro; María José Botta; Marcelo Genoro; Luis Estaban Barbier; Ariel Fabián Bordigoni; Cecilia Mayochi; Leandro Arrechea; Facundo Dadín; Nahuel Julián Paradela; Melisa Soledad Bonfiglio; Luis Ernesto Bianchi y María Eugenia Castillo.

Entre sus críticas, la magistrada indicó que el fiscal remitió la solicitud cautelar de la comuna al juzgado sin indicar las medidas adecuadas al caso. También acusa a Condomí Alcorta de no producir medidas investigativas ni fundamentación para tales cautelares, en su rol como director de la investigación.

Garmendia no realizó una apreciación subjetiva del trabajo del fiscal, el reclamo es una obligación legal que ella debe cumplir como jueza de garantía. La jueza debe controlar el desarrollo de la investigación, por lo que destacó las irregularidades que detectó en el accionar de Condomí Alcorta.

Esta causa tiene en el centro a 435 barrios y loteos ilegales o irregulares identificados por la Municipalidad. En total, se trata de más de 3.300 hectáreas, las cuales ya cuentan con más de 6.800 viviendas construidas y cuentan con capacidad de albergar cerca de 33.000 más. Estos proyectos habrían albergado a unas 165.000 personas.

Más de la mitad de estos barrios se ubican en zonas de alta a media peligrosidad hídrica, a la vez que no cuentan con redes de agua potable, tendido eléctrico, cloacas, desagües pluviales, entre otras implementaciones infraestructurales.

Los principales afectados por la situación son las familias que compraron dichos lotes y se encontraron con los hechos descritos. Incluso, estos lotes no contaban con las condiciones legales para ser divididos, comercializados, escriturados o urbanizados. Este accionar tuvo como involucrados a desarrolladores, intermediarios, profesionales y funcionarios que facilitaron la actividad ilegal.