Provincia alertó por el desmantelamiento de políticas para diversidades y salud sexual

La directora de Equidad de Género y Salud de la provincia, Carlotta Ramírez, cuestionó el desmantelamiento de las políticas nacionales destinadas a las diversidades y advirtió que la reducción de insumos preventivos ya comienza a tener consecuencias sanitarias. La paradoja es que el presidente Javier Milei había puesto en el área a la dirigente del PRO, Mara Pérez Reynoso, una mujer trans cercana al bullrichismo que salió eyectada del sector en marzo pasado. 

Radio La Plata 90.9 FM dialogó, en la semana del aniversario del Ni Una Menos, con Ramírez, también compiladora y autora del libro Salud feminista, quien advirtió que uno de los sectores más afectados por el ajuste implementado por Milei es la población trans y de la diversidad sexual, luego de la desarticulación de programas específicos y la interrupción del envío de medicamentos para tratamientos hormonales.

“Diversidad directamente dejó de recibir insumos porque desarmaron el programa nacional. La población del colectivo de la diversidad está muy mal. En este momento tenemos problemas para acceder a medicamentos porque no solamente dejaron de enviarse desde Nación, sino que además hay laboratorios que no consideran rentable abastecer a una población relativamente pequeña cuando las compras las hace una provincia”, explicó esta psicóloga y militante feminista. 

Asimismo, detalló que la principal dificultad está vinculada a los tratamientos de adecuación hormonal para personas trans. “Cuando hablamos de medicamentos para diversidad hablamos fundamentalmente de tratamientos de hormonización. Estamos trabajando con disponibilidad reducida porque intentamos realizar compras, pero muchas veces los laboratorios no se presentan a las licitaciones. Estamos hablando de una población de alrededor de 4.000 personas bajo programa, y para algunos laboratorios eso no resulta atractivo comercialmente”, señaló.

Asimismo, la funcionaria cuestionó las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en relación con las infancias trans y adolescentes. “Además de desarmar el programa, se impulsaron medidas que restringen el acceso a tratamientos para menores de edad, como el decreto 62, que es inconstitucional. Eso deja a una parte importante del colectivo en una situación muy compleja. Nosotros intentamos sostener la atención, pero se vuelve cada vez más difícil“, sostuvo.

Según explicó, en muchos casos se trata de tratamientos destinados a inhibir o demorar el desarrollo puberal, lo que permite que adolescentes y equipos de salud cuenten con más tiempo para acompañar el proceso y evaluar eventuales intervenciones posteriores. “La restricción genera un problema concreto para muchas familias y para muchos adolescentes”, añadió.

Menos preservativos y más enfermedades

Otro de los aspectos dramáticos del ajuste tienen que ver con el retroceso de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva y el incremento de problemáticas sanitarias que ya comienzan a registrarse en distintos puntos del país.

Según contó Ramírez, durante los últimos años la provisión de preservativos cayó de manera significativa y la Provincia debió salir a compensar parte de ese faltante con recursos propios. “En 2023 recibíamos varios millones de preservativos y durante el último año llegaron apenas alrededor de 600 mil unidades. Esa cantidad no alcanza para cubrir las necesidades de la población. Nosotros seguimos comprando, pero cada vez tenemos más restricciones presupuestarias”, dijo.

La directora advirtió que la reducción en el acceso a métodos de prevención tiene consecuencias directas sobre la salud pública. “Estamos observando un aumento de los casos de sífilis, de transmisión vertical de sífilis y también de VIH. Cuando disminuye el acceso a los insumos preventivos y se debilitan las políticas de salud sexual, aparecen estas consecuencias”, explicó.

En ese sentido, también remarcó que la interrupción de programas nacionales no afecta únicamente a las provincias, sino que termina impactando directamente sobre los municipios y hospitales públicos.

“Antes existía una estructura nacional que distribuía insumos y articulaba respuestas. Hoy las provincias están absorbiendo funciones que históricamente cumplía Nación. Y eso ocurre en un contexto donde cada vez más personas recurren al sistema público porque perdieron cobertura médica o tienen dificultades para afrontar gastos de salud”, señaló.

“La salud sexual es parte de la salud integral”, insistió; y destacó que el acceso a métodos anticonceptivos no puede ser considerado un aspecto secundario dentro de las políticas sanitarias.

“Cuando hablamos de anticoncepción no estamos hablando solamente de planificación familiar. Estamos hablando de salud integral. Hay mujeres con hipertensión, diabetes u otras patologías para quienes un embarazo puede representar un riesgo importante. Si no pueden acceder a métodos anticonceptivos, también se pone en riesgo su salud”, explicó.

“Muchas veces una situación compleja puede prevenirse con una caja de anticonceptivos o con un implante. Desde el punto de vista sanitario y económico tiene mucho más sentido invertir en prevención que afrontar después situaciones de mayor complejidad. Por eso resulta tan preocupante el retroceso que estamos viendo”, sumó.

Para Ramírez, el problema excede el ajuste económico. La funcionaria observó que, junto con el desmantelamiento de programas y la reducción de recursos, emergen discursos y actores que vuelven a cuestionar derechos conquistados por mujeres y diversidades durante las últimas décadas.

La advertencia adquiere especial relevancia en el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, una movilización que nació para denunciar las violencias contra las mujeres y que, once años después, vuelve a poner en discusión el impacto de las políticas públicas sobre la autonomía, la salud y el acceso a derechos. Por la violencia y el odio no solo se expresa en los femicidios y el maltrato, también en el desprecio del Estado.