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A dos meses desde que el Gobierno de Javier Milei anunciara el cierre de Télam y pasara a disponibilidad a todo el personal, el interventor del organismo, Diego Martín Chaher, solicitó a las “áreas correspondientes de la empresa” iniciar un plan de acción para el cierre operativo de las corresponsalías de la agencia de noticias.
“Deberán preverse las acciones necesarias tendientes a inventariar y poner a resguardo patrimonial los bienes pertenecientes a la empresa, y asegurar la restitución de los bienes personales a los empleados ya desvinculados y aquellos dispensados del débito laboral con goce de haberes”, instruye el documento firmado por Chaher.
El desmantelamiento del servicio informativo nacional sumó un nuevo capítulo con la presentación de un Memorándum dirigido a las autoridades de distintas áreas de la empresa del Estado, como Walter Silva, Valeria Posadas, Carlos Avaca, Maximiliano García y Carlos Digiano.
“Deberá procederse a la rescisión de los contratos de locación en el caso de las corresponsalías cuyo inmueble conserve a la fecha contrato de locación vigente”, añade el documento.
El proceso se inició hace dos meses. El pasado 4 de marzo, la sede de Télam, ubicada en la calle Bolívar de la Ciudad de Buenos Aires, amaneció vallada y rodeada de policías. Los trabajadores que habitualmente cumplen tareas en ese edificio no pudieron ingresar, mientras que el sitio dejó de funcionar y el Ejecutivo licenció a los empleados.
