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Mientras el presidente Javier Milei celebra con bombos y platillos nuevos préstamos del FMI y acuerdos con organismos internacionales como el BID, la realidad es que los dólares no alcanzan. El modelo libertario, que prometía libertad de mercado y estabilidad cambiaria, hoy se apoya en una intervención constante del tipo de cambio y en el endeudamiento externo. En este contexto, el Gobierno prepara un segundo blanqueo de capitales, con el objetivo de que los argentinos vuelvan a sacar los ahorros que sobrevivieron al tarifazo y al brutal ajuste, y los pongan a disposición del consumo interno.
Esta vez, el anuncio correrá por cuenta del vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, quien aprovecha cada micrófono y cada título en los diarios para impulsar su campaña electoral. Ya en el tramo final de cara a los comicios en CABA, el blanqueo servirá como pieza de marketing político, además de intentar oxigenar unas reservas que siguen bajo presión pese a todos los esfuerzos del oficialismo.
Aunque la medida ya había sido anticipada, su implementación se demoró por cuestiones legales vinculadas a la Ley de Lavado Nº (25.246), a la actuación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y a la necesidad de no entrar en conflicto con los líneas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pero ahora, en plena recta final electoral, el Gobierno vuelve a apostar al mismo recurso: facilitar el ingreso de los “dólares del colchón” sin penalidad alguna, solo con una declaración jurada que afirme su origen lícito.
Desde Casa Rosada aseguran que el objetivo es “remonetizar” la economía: sumar divisas, forzar una apreciación del peso y darle impulso a la actividad económica en medio de una recesión profunda. Lo que no dicen es que esta medida aparece justo después de la euforia oficial por haber conseguido más deuda, y que sin la entrada de dólares frescos el relato se tambalea.
El blanqueo, según trascendió, permitiría declarar hasta USD 100 mil por persona. Aunque el Gobierno estima que existen alrededor de USD 200.000 millones guardados fuera del sistema, sabe que buena parte de ese dinero ya fue usado por miles de argentinos que debieron “reventar” sus ahorros para poder pagar tarifas, alquileres e incluso alimentos durante estos meses de ajuste feroz.
La medida, dicen en el entorno presidencial, está pensada para esos “argentinos de bien” a los que Milei tanto menciona: los que no están vinculados al narcotráfico, la corrupción o el terrorismo, pero que hasta ahora desconfiaban del sistema. La paradoja es que para sostener la ilusión de una economía liberal, el Gobierno necesita, más que nunca, de la confianza de los mismos ciudadanos a los que empujó al límite con su plan de motosierra.
