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El gobierno de Javier Milei continúa con su reorganización estatal y, en un nuevo movimiento, decidió transferir el emblemático Programa Conectar Igualdad a la órbita de EDUC.AR Sociedad Anónima Unipersonal. Esta decisión fue formalizada mediante el Decreto 289/2025, publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial. La medida, enmarcada dentro de la reforma del Estado que busca reducir el gasto público, genera suspicacias y críticas, particularmente por su posible impacto en el acceso equitativo a la educación digital.
Una historia de inclusión tecnológica
Desde su creación en 2010, el Programa Conectar Igualdad ha sido uno de los pilares de la política educativa nacional, con el objetivo de entregar computadoras a estudiantes y docentes de escuelas públicas en todo el país. En un contexto de creciente digitalización, el programa jugó un papel clave en la reducción de la brecha digital en las aulas, facilitando a los jóvenes el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, elementos esenciales para su formación.
Sin embargo, la transferencia del programa desde la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano hacia EDUC.AR, una empresa estatal que recientemente se transformó en una sociedad anónima unipersonal, levantó preocupaciones. Según el decreto, la medida se justifica por razones de operatividad, argumentando que la empresa cuenta con los “recursos técnicos y humanos necesarios para mejorar la implementación del programa”.
¿Reorganización o privatización encubierta?
Si bien el gobierno asegura que esta reorganización tiene como objetivo mejorar la eficiencia y modernizar la implementación del programa, muchos analistas advierten que detrás de esta reestructuración podría estar la intención de privatizar recursos educativos que hasta ahora han sido gestionados por el Estado.
En paralelo a esta transferencia, el gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios para los trabajadores de EDUC.AR, lo que se ha interpretado como un intento por reducir aún más los costos operativos de la plataforma educativa. Mientras tanto, desde los gremios docentes y organizaciones del sector educativo, como la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), surgieron fuertes críticas, acusando al gobierno de atentar contra la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación digital.
Este cambio de rumbo en la gestión del Programa Conectar Igualdad también se da en un contexto de creciente énfasis por parte del Gobierno en el apoyo a la educación privada. En lugar de centrarse en fortalecer las herramientas tecnológicas en las escuelas públicas, el gobierno parece estar apostando más a vouchers o subsidios para facilitar el acceso a instituciones educativas privadas, poniendo en jaque el nivel de la educación pública en el país.
El futuro incierto del acceso equitativo
El Decreto 289/2025 también habilita a la Jefatura de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para ejecutar el traspaso, lo que deja abierta la puerta a ajustes que podrían afectar el financiamiento y alcance del programa. Con esta reestructuración, el gobierno de Milei parece priorizar la eficiencia operativa sobre el principio fundamental de la inclusión social que animaba al programa original.
Es crucial, entonces, que el gobierno garantice que el traspaso no signifique un retroceso en términos de acceso y equidad, y que las herramientas digitales continúen siendo un recurso accesible para todos los estudiantes, independientemente de su contexto económico o cicla. Si no se aseguran estas condiciones, el programa podría terminar perdiendo el foco de su misión original: brindar igualdad de oportunidades a los jóvenes de la educación pública.
