La nueva denuncia en la que se pide profundizar las responsabilidades políticas en los tres niveles del Estado por la inundación fatal del 2 y 3 de abril de 2013 en La Plata está enredada en otro laberinto judicial. A varias semanas de su presentación, todavía no se evacuó ninguna medida de prueba.
Ricardo Wagner es abogado y una de las víctimas de la inundación. Fue aceptado en la justicia como “particular damnificado” y se transformó en un acusador privado durante el proceso penal. Luego de una batalla legal que ya lleva 11 años y ante la falta de respuestas judiciales, presentó una nueva denuncia penal para que se investiguen las responsabilidades políticas de la fatalidad.
También solicitó que se convoquen a peritos de Gendarmería Nacional para que analicen toda la documentación recabada en los expedientes de los fueros Penal, Contencioso Administrativo y Civil Comercial que se abrieron tras la inundación.
En la nueva denuncia se requirió el procesamiento del exgobernador Daniel Scioli (actual funcionario nacional del gobierno de Javier Milei) y del exintendente de La Plata, Pablo Bruera. También la declaración testimonial del gobernador Axel Kicillof, para que explique por qué no se realizaron nuevas obras hidráulicas durante los primeros cuatro años de su mandato.
El exgobernador Daniel Scioli y el exintendente Pablo Bruera nunca fueron citados por la justicia de La Plata.
Por la trágica inundación la Justicia reconoció al menos 89 personas fallecidas, pero una investigación periodística publicada en el libro “2A. El naufragio de La Plata”, escrito por los periodistas Josefina López Mac Kenzie y Martín Soler, estableció un número mayor de víctimas fatales.
En un juicio abreviado, en marzo del año 2019, se condenó a un funcionario municipal de menor rango quien abonó una irrisoria multa y el caso quedó cerrado. “Reconozco que no he cumplido mi función como director de Defensa Civil”. Con esa frase, Sergio Ariel Lezana se convirtió en el único condenado por la trágica inundación que golpeó a la capital bonaerense. La pena insólita a cumplir: un año de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y el pago de una multa de $12.500.
El 3 de abril último el denunciante Wagner, con el patrocinio del abogado Federico Bojanovich presentaron la nueva denuncia en sede Penal. El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, por considerar que no se denuncia un hecho nuevo distinto al del año 2013 remite el expediente a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de La Plata donde tramitó la causa principal y sus satelitales, todas archivadas.
El fiscal Martín Almirón no comparte el criterio de su par Condomí Alcorta y señala en un documento oficial: “Surge del escrito sub examine la denuncia de nuevos hechos que justamente motivaron la formación de una nueva” investigación penal preparatoria “IPP”. Así entiende que debe volver a la UFI 16 de Condomí Alcorta. Además, desde la Fiscalía General de La Plata, se resuelve en ese mismo sentido.
Ricardo Wagner, víctima de la inundación, hace 11 años que está persigue al poder político.
Cuando la denuncia vuelve a la fiscalía 16 su titular se excusa de tomar la investigación por entender que afecta a su imparcialidad. Condomí era el fiscal en turno en la capital provincial aquel 2 de abril de 2013 cuando la zona fue arrasada por una lluvia tan insólita como inesperada. Su labor al frente de la investigación fue muy cuestionada y lo apartaron del caso. La excusación fue aceptada por el juez de Garantías Martín Rizzo, en reemplazo temporáneo de la titular del Juzgado de Garantías 5 de La Plata, Marcela Garmendia.
Ante este panorama el expediente fue girado nuevamente a la Fiscalía General donde se dispuso que la denuncia sea investigada en la Unidad Funcional de Instrucción 5 a cargo del fiscal Juan Menucci, quien se encuentra en plena etapa de análisis de la denuncia, según pudo saber un portal local de noticias.
En la documentación judicial a la que accedió este medio se señala que: “El juicio que debería ser considerado como el juicio de la verdad sobre la inundación de La Plata en el 2 y 3 de abril del 2013, ha concluido en el juicio del encubrimiento y de la impunidad”.
Para el denunciante la trágica inundación “no supone un escenario jurídico distinto a lo sucedido con el denominado caso de Once, de Cromañón, y a la inundación de Rosario, en las que jueces y fiscales declararon, acusaron y condenaron a funcionarios con rango de ministro por el delito de estrago”.
“Las tareas realizadas por la Unidad Funcional de Instrucción a cargo, han sido direccionadas a efectuar la protección hacia el poder político no excluyendo la hipótesis de un delito menor, no existiendo duda alguna que las tareas se realizaron con pleno conocimiento de que la situación a juzgamiento debió haber sido otra en referencia a los responsables directos como la clasificación legal; se limitó a investigar el delito de violación de deberes de funcionario público”, se describe en la denuncia que dio la apertura a la nueva investigación que ya lleva más de un mes y permanece estancada.
El denunciante considera que “se han negado a producir prueba conducente y que ponía en blanco sobre negro el rol que cumplieron altos funcionarios provinciales, nacionales y municipales verdaderos depredadores del sistema institucional”.
En distintos expedientes se detalla que durante la gestión bonaerense de Scioli “se verificó por el Gobierno Provincial una sub ejecución de partidas del presupuesto del programa ‘Control de Inundaciones’, que fue creado en 2010 y que fueron destinados a otros fines”.
“Como es sabido uno de los modos por el que los gobernantes de turno se hacen del dinero público es mediante la no ejecución de la obra que se presupuesta, y por esa motivación solicitamos en tiempo y forma a la fiscalía actuante se oficiara a la Contaduría General de la Provincia, para que en relación a esos años informara cuales fueron las partidas para el programa ‘Saneamiento Hidráulico’ y ‘Control de Inundaciones’, y cuál fue el grado de ejecución y destino de los fondos, ídem respecto a ‘Agua Potable, Alcantarillado y Desagües Pluviales’ indicando porcentajes utilizados cada año y comparativos entre ellos, y si hubo sub ejecución”, se señala en la denuncia.
También se solicitó “al Ministerio de Infraestructura bonaerense para que informe cual fue la inversión en el área de desagües y drenaje en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y cuál fue el porcentaje en relación al gasto total para cada uno de esos años, y si medió sub ejecución”.
Pedidos de informes similares se cursaron al Ministerio de Infraestructura de la Nación para que informe si en los años 2010,2011, y 2012 tenía fondos disponibles para el Proyecto de Prevención de inundaciones y Drenaje Urbano, financiado con un préstamo de setenta millones de dólares estadounidenses del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y un aporte de más de 1.973.000 millones de pesos del propio Estado, y si con esos fondos se realizó alguna obra de infraestructura en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. También a la Auditoria General de la Nación. Pero ninguno de esos planteos tuvo su correlato en sede judicial. “La fiscalía se opuso a que se produjera esa prueba expresando que privilegiaba la celeridad del proceso a fin de que se juzgara el ‘delito de violación de deberes de funcionario público’, cuando se solicitó en reiteradas oportunidades tanto el cambio de calificación como la extensión de la responsabilidad al Gobernador (Scioli), al intendente (Bruera) y al ministro de Infraestructura negándolas sistemáticamente”.
A más de 11 años de la mayor tragedia social por cuestiones de la naturaleza que golpeó a la capital bonaerense la ciudadanía sigue sin tener respuestas sobre las responsabilidades políticas de ese desastre. Los denunciantes advierten que se puede repetir una situación similar y alertan sobre la falta de obras hidráulicas en la Región Capital.
La tragedia en La Plata movilizó a toda la sociedad. Desde todo el país enviaron donaciones de alimentos, abrigo y productos de limpieza para ayudar en la reconstrucción de una ciudad que quedó arrasada por el agua y la carencia de un plan hidráulico integral.
