Con los cuatro imputados a disposición judicial tras la entrega de la última sospechosa prófuga, la fiscalía ordenó inspeccionar minuciosamente los desarrollos urbanísticos para determinar la situación de las familias y la validez de las operaciones inmobiliarias.
La Justicia dispuso realizar un censo individualizado vivienda por vivienda en los desarrollos inmobiliarios asociados al Grupo del Sud en La Plata. La medida fue solicitada por el fiscal Juan Menucci, titular de la Unidad Funcional (UFI) N°5, y autorizada por la jueza de Garantías Marcela Garmendia.
El operativo estará a cargo de personal especializado de la Dirección Departamental de Investigación (DDI) de La Plata. A diferencia de un relevamiento poblacional general, las tareas consisten en inspeccionar cada predio para precisar el número exacto de viviendas construidas, la cantidad de familias afincadas, las características edilicias de las construcciones y el tiempo estimado de ocupación.
Además, las autoridades deberán establecer bajo qué modalidad contractual o legal habitan los residentes (propietarios, compradores, poseedores, inquilinos u otra condición). En los casos de quienes adquirieron o compraron parcelas, la directiva exige reconstruir cómo se concretó la operación e identificar, de corresponder, al escribano o notario que intervino en los trámites.
Emprendimientos bajo la lupa
Las actuaciones judiciales se concentran principalmente en los emprendimientos Sophenia, emplazado en la localidad de Arana, y Garden, situado sobre la Ruta 36 entre las calles 425 y 427.
La hipótesis central de la fiscalía sostiene que se comercializaron terrenos presentados como desarrollos urbanísticos que no contaban con los requisitos ni las condiciones legales necesarias para ser subdivididos, escriturados o urbanizados. La investigación busca reconstruir el circuito de promoción, venta, financiamiento y administración de los proyectos, evaluando la responsabilidad de distintas sociedades y personas en cada etapa.
Por la causa hay cuatro imputados a disposición de la Justicia. Francisco Alberto Vila Basualdo, dueño del Grupo del Sud, y Eugenia Martínez, imputados por diez presuntos hechos de estafa. Aunque Martínez afronta también cargos por presunto uso de documentación pública falsa. Ambos se entregaron voluntariamente tras conocerse los pedidos de captura pero se negaron a prestar declaración indagatoria y solicitaron continuar el proceso en libertad.
Nadia Antonella Lima, quien se entregó tras permanecer prófuga, está imputada como coautora en ocho hechos de estafa. Además, se negó a declarar y resolvió aguardar la resolución de un pedido de excarcelación elevado por su defensa.
Milena del Sol Dell’Aqua, imputada por participación necesaria en seis hechos de estafa, habiendo sido la primera aprehendida en su domicilio durante los procedimientos iniciales.
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