|
Escuchar la nota
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La Justicia penal de La Plata imputó al ex intendente Julio Garro, a ex funcionarios de su gestión y a empresarios constructores por su presunta participación en una red dedicada a la habilitación irregular de barrios privados. La causa, que investiga desarrollos inmobiliarios en zonas no autorizadas por la Provincia, está a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien apunta a delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes del funcionario público, falsedad ideológica y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
A partir de esta línea de investigación, se llevaron a cabo 16 operativos entre allanamientos y órdenes de presentación de documentos. Las medidas, autorizadas por la jueza de Garantías Nº5 de La Plata, Marcela Garmendia, incluyeron la notificación al ex funcionario de Javier Milei, y el allanamiento a sedes de empresas vinculadas.
Según el requerimiento fiscal, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2023 “varios funcionarios públicos municipales, en connivencia con empresarios particulares, viabilizar simulando legitimidad, múltiples desarrollos urbanísticos en zonas de la Ciudad no permitidas”, lo que habría representado un perjuicio económico estimado en 1.5000 millones de dólares.
Uno de los casos mencionados en la investigación es el del emprendimiento “La Cañada”, ubicado en 467 y 160 de City Bell. El expediente del desarrollo, iniciado en junio de 2022, habría sido manipulado mediante el reemplazo de fojas para alterar los montos que la empresa Agrycon S.A. debía abonar en concepto de obras de infraestructura.
El fiscal Condomí Alcorta afirmó en su escrito tener la “sincera e íntima convicción” de que existe “semiplena prueba o indicios vehementes de la comisión de los delitos endilgados y motivos bastantes para sospechas que los causantes han participado en su comisión”.
Las imputaciones alcanzan a ex funcionarios como la ex secretaria de Planeamiento, María Botta, y el ex subsecretario Marcelo Genoro, así como a empresarios vinculados a los emprendimientos: Ariel Fabián Bordigoni, , Leandro Arrechea, Facundo Dadin, Nahuel Paradela.
Al ser consultado, Bordigoni aclaró que la empresa que representa “no suscribió contrato alguno con el Municipio de La Plata en relación a la construcción de Barrios Privados” y agregó: “sólo celebró con la Comuna contratos para la ejecución de dos obras públicas: la puesta en valor de la calle Cantilo y obras de bacheo”.
Durante los operativos se incautaron expedientes, contratos, documentación contable, computadoras, anotaciones físicas y digitales, entre otros elementos relevantes. La Fiscalía notificó formalmente la imputación a las ocho personas señaladas en la causa.
En el caso de Garro, si bien agentes judiciales ingresaron a su vivienda, no realizaron un allanamiento en sentido estricto, sino que entregaron la orden de presentación de documentos pertinentes a la investigación. Situaciones similares se dieron en los domicilios de Botta y los demás implicados.
Como consecuencia del conflicto, cerca de 400 urbanizaciones privadas en proceso de desarrollo permanecen paralizadas, a la espera de una resolución de fondo que determine la legalidad de los emprendimientos y la responsabilidad de los funcionarios y empresarios involucrados.
