Fotomultas: Empresa vinculada a Milei se quedó con un negocio millonario

El negocio de las fotomultas en La Plata vuelve a quedar en el centro de una controversia que combina contrataciones millonarias, investigaciones judiciales e internas políticas. La gestión local decidió romper con el Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), administrado por el Ministerio de Transporte bonaerense que conduce el massista Martín Marinucci, pero mantiene en la capital provincial la operatoria de TNG, una empresa vinculada a Alejandro Trasmonte que ahora enfrenta cuestionamientos parlamentarios por sus negocios con el gobierno de Javier Milei.

La decisión municipal se produjo en mayo de este año, cuando La Plata rescindió el convenio de procesamiento de infracciones con la Provincia, en medio de cuestionamientos sobre la trazabilidad de las multas y la distribución de la recaudación. Sin embargo, la salida del SACIT no implicó el desplazamiento de TNG, que continúa vinculada a la prestación tecnológica del sistema platense y avanza, según la información disponible sobre la operatoria local, con la instalación de nuevos dispositivos de fiscalización electrónica cuyas habilitaciones todavía generan interrogantes, a pesar de que esta siendo investigada por el fiscal, Álvaro Garganta, titular de la UFI N° 11 de La Plata.

El negocio de las 30 mil fotocopiadoras que llegó al Congreso

La empresa de Trasmonte quedó recientemente en el centro de una investigación periodística por el alquiler de unas 30.000 fotocopiadoras a organismos del Estado nacional. Durante 2025, TNGroup registró operaciones por 21.412 millones de pesos mediante contrataciones de impresión, copiado y digitalización con dependencias del gobierno de Milei, entre ellas ANSES, ARCA y otras áreas de la administración pública.

La controversia no se limita al volumen de dinero. Según los cuestionamientos difundidos, el Estado habría pagado alrededor de 2,4 millones de pesos anuales por el alquiler de equipos cuyo precio de compra se estimaba en 1,4 millones, una comparación que abrió interrogantes sobre la conveniencia económica de las contrataciones, aunque requiere considerar los servicios de mantenimiento, insumos y prestaciones incluidos en los acuerdos.

El negocio se desarrolló bajo un acuerdo marco aprobado mediante la decisión administrativa 902/2024, firmada por Guillermo Francos y Diana Mondino. La diputada nacional Marcela Pagano impulsó ocho pedidos de informes para conocer los procedimientos de adjudicación, los precios y los mecanismos de control. La controversia también alcanzó contrataciones realizadas desde el Ejército durante la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa.

Cámaras cuestionadas

La situación se agrava por los cuestionamientos sobre las habilitaciones de las cámaras atribuidas a TNG que se instalan en distintos puntos de la ciudad. La colocación de dispositivos no equivale a su autorización para emitir infracciones, por lo que resulta necesario establecer si los equipos cuentan con los permisos técnicos y administrativos exigibles. Hasta el momento, la falta de habilitaciones denunciada para los nuevos dispositivos requiere corroboración mediante documentación oficial.