Fentanilo contaminado: familiares marchan exigiendo justicia mientras avanza la causa

El reclamo por las muertes provocadas por el fentanilo contaminado volverá a ocupar el espacio público este martes con movilizaciones impulsadas por familiares de las víctimas, que buscan justicia y respuestas concretas ante una crisis sanitaria de alcance nacional. La protesta se realizará de manera simultánea en La Plata y en Rosario, la ciudad donde se concentró la mayor cantidad de casos fatales, y se da en un contexto de fuerte malestar por la falta de avances institucionales y la gravedad de los hechos investigados.

Según denunciaron los organizadores, el uso de fentanilo adulterado ya provocó la muerte de 173 personas en todo el país. Bajo la consigna “Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”, los familiares se concentrarán a las 18 en Plaza Moreno con el objetivo de sostener el reclamo en la agenda pública, preservar la memoria de sus seres queridos y difundir información sobre cómo ocurrieron los fallecimientos.

Además de la movilización, los familiares exigen respuestas políticas y sanitarias. En ese sentido, reclaman reuniones urgentes tanto con el Ministerio de Salud como con la titular de la ANMAT, Agustina Bisio. Según indicaron, los pedidos formales fueron reiterados en varias oportunidades, pero los encuentros continúan siendo postergados, lo que profundiza la sensación de desamparo frente a un caso de extrema gravedad.

Cómo sigue la causa

En paralelo, la causa judicial sigue avanzando en el fuero federal. El juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, inició una segunda ronda de declaraciones que involucra a empleados de Laboratorios Ramallo, vinculados a HLB Pharma, y a otros actores clave de la cadena de producción y control del medicamento. La investigación busca determinar responsabilidades penales en torno a la fabricación y comercialización del fentanilo contaminado.

Uno de los puntos más sensibles del expediente son los testimonios de trabajadores de HLB Pharma. Una empleada declaró que dentro del laboratorio se conocía la contaminación bacteriana del fentanilo, pero que aun así la producción no se detuvo para evitar pérdidas comerciales. Según su relato, las órdenes “venían desde arriba” y apuntaban a acelerar los procesos de fabricación, incluso revisando los controles de calidad antes del plazo de 14 días que establecían los protocolos internos.

La testigo también sostuvo que, pese a que las normas indicaban repetir los análisis cuando los resultados daban positivos, el producto se comercializaba de todos modos. De acuerdo con su declaración, varios compañeros confirmaron que los lotes contaminados se vendían sin esperar los controles completos, priorizando las directivas de los rangos superiores por sobre las normas oficiales de seguridad sanitaria.

A estos elementos se sumaron otros datos incorporados recientemente a la causa. En su declaración ante el juez Kreplak, una testigo apuntó a decisiones tomadas por los accionistas del laboratorio, propiedad del empresario Ariel García Furfaro, quien habría impulsado la aceleración de los procesos internos para no frenar las ventas. Además, se mencionaron presuntas maniobras previas a inspecciones de la ANMAT y de HLB Pharma, durante las cuales “desaparecían los cuadernos donde se anotaban los resultados microbiológicos positivos”.

El reclamo de este martes no es el primero. La primera movilización se realizó el 31 de julio y consistió en una marcha que partió desde el Parque San Martín y finalizó en el Hospital Italiano, el centro de salud donde se detectaron los primeros casos vinculados al fentanilo adulterado. Aquella jornada incluyó una caminata simbólica alrededor del hospital, un abrazo colectivo y el encendido de velas en homenaje a las víctimas.

Con nuevas protestas en las calles y testimonios que comprometen seriamente a los laboratorios involucrados, los familiares buscan que el caso no quede impune y que se esclarezca cómo un medicamento de uso hospitalario terminó convirtiéndose en una tragedia que marcó a cientos de familias en todo el país.