Ex combatientes alertan por un proyecto que habilita la doble jubilación a militares de Malvinas

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) encendió las alarmas ante el avance en la Legislatura bonaerense de un proyecto que modifica la Ley 15.386, aprobada en 2022, y que regula un régimen previsional especial para oficiales y suboficiales que participaron del conflicto bélico. La iniciativa, presentada por el senador Adrián Santarelli y con media sanción en el Senado provincial, permitiría que personal militar acceda a un beneficio jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS), incluso estando ya retirado con haberes.

En diálogo con Código Baires, Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, fue contundente: “Con esta ley se pretende legalizar la ilegalidad”. Según explicó, el proyecto habilitaría un doble beneficio previsional para exmiembros de las Fuerzas Armadas, algo que –advierte– viola la normativa vigente. “Ninguna persona que esté dentro del sistema, tanto con aportes en el IPS como con aportes en el ANSES, se puede jubilar dos veces”, remarcó.

Alonso recordó que la situación tiene antecedentes. Hace años, exmilitares comenzaron a incorporarse como auxiliares en escuelas bonaerenses, pese a estar retirados y percibir haberes previsionales del Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas (IAF). “Ingresaron una serie de militares que tenían beneficios previsionales porque habían pedido la baja con haber, o sea que se habían jubilado”, denunció. Y agregó: “Esto depende de la Dirección de Consejos Escolares. Ingresaron violando la ley 10.430 que establece requisitos: no podés ingresar si tenés otro haber”.

Para el referente del CECIM, el trasfondo es claro: “Aparece lo que siempre denominamos el lobby militar”, en referencia a sectores que presionan para equiparar beneficios con los exsoldados conscriptos. Alonso subrayó la diferencia entre ambos universos: “Las personas que integraban las Fuerzas Armadas lo hacían por vocación, era su función y fueron a Malvinas cobrando un salario. Nosotros éramos conscriptos civiles”.

El dirigente remarcó que la iniciativa beneficiaría incluso a militares retirados por razones disciplinarias o vinculados a hechos graves. “Ingresaron aquellos que se alzaron contra la democracia en la época del gobierno de Alfonsín, en los episodios de Semana Santa y también en los alzamientos carapintadas”, afirmó. Y sentenció: “Gente que combatió delitos pudo ingresar violando la ley 10.430”.

En la misma línea, Alonso advirtió sobre el impacto fiscal y la falta de transparencia: “Lo mejor que podemos hacer es cuidar el erario público y el sistema jubilatorio. Nos enteramos entre gallos de medianoche, lo trabajaron por abajo para que no nos enteremos”.

El CECIM sostiene que la modificación propuesta busca “legalizar beneficios jubilatorios ilegales” y convertiría la norma en una “ley de privilegios”. En un documento presentado ante Diputados, la organización alertó que se estaría “comprometiendo recursos del erario público y judicializando todo el sistema previsional”.

Además, Alonso conectó el debate con la deuda histórica por las violaciones a los derechos humanos durante la guerra: “Todavía venimos peleando para que la justicia avance. Muchos que fueron denunciados por torturar a soldados serían beneficiados por esta modificación”, dijo, en referencia a la causa que investiga torturas en Malvinas y que sigue pendiente en la Corte Suprema.

“Estamos muy preocupados”, sostuvo. “Vamos a llevar esto a todas las instancias. Tiene que intervenir la Fiscalía de Estado y los organismos de control”.

Finalmente, el dirigente destacó que mientras los exconscriptos lograron acceder a un régimen de jubilación anticipada tras décadas de lucha, el proyecto pretende extender privilegios a quienes ya contaron con respaldo del Estado. “Quienes hoy pretenden modificar esta ley no estuvieron abandonados por el Estado. Eran profesionales y parte de la peor dictadura que sufrió nuestro país”, remarcó.