Escándalo judicial por la difusión de un falso allanamiento a un abogado en Berisso

La difusión de un supuesto parte policial que informaba sobre un allanamiento en Berisso derivó en un escándalo institucional y judicial, luego de que el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta negara de manera categórica la existencia de cualquier operativo y confirmara que se trató de información falsa.

El mensaje apócrifo describía un procedimiento inexistente en un campo ubicado en la zona de 126 Norte y 80 y pretendía vincular a un abogado de la ciudad con la causa conocida como la “Mega Estafa”, además de relacionarlo con la megabanda criminal encabezada por el ex juez César Melazo. Para darle verosimilitud, el texto incluía datos precisos y consignaba el nombre del fiscal como si hubiera intervenido en la actuación judicial.

Consultado sobre el contenido del mensaje, Condomí Alcorta aseguró que “es una noticia falsa” y aclaró que no existe ninguna causa en trámite con esas características ni se ordenó ningún allanamiento. El funcionario judicial señaló que el documento fue elaborado con un nivel de detalle destinado a generar confusión y confirmó que radicó una denuncia penal para que se investigue el origen y la difusión del falso parte, en particular por el uso indebido de su identidad para atribuirle actuaciones inexistentes.

La causa ahora tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de La Plata, con conocimiento del Juzgado de Garantías Nº5 y la Unidad Funcional de Defensa (UFD) Nº12.

En paralelo, se conocieron precisiones sobre el estado real de la causa denominada “Mega Estafa” de Berisso, que afectó a numerosos vecinos. Según informaron representantes legales de las víctimas, el expediente registra distintas situaciones procesales entre los imputados. Leonardo Vitale fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión y se encuentra excarcelado tras haber cumplido dos tercios de la pena, mientras que Ramona Pedrozo ya cumplió una condena de tres años.

En tanto, Juan Manuel Rodríguez, Marcelo Sandi y Viviana Romano permanecen bajo arresto domiciliario a la espera del juicio oral, cuya realización se proyecta para 2028.

Mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades por la difusión del falso parte policial, la causa judicial continúa su curso y los damnificados esperan una resolución definitiva.