El ministerio de Economía confirmó que el mínimo para pagar el Impuesto a las Ganancias será de más de $1.500.000 a partir del mes próximo. De esta manera, quedarán excluidos de pagar el tributo la mayoría de los empleados en relación de dependencia.
“Dejarán de pagar policías, médicos, maestros, jubilados, y otras categorías. Quedarán excluidos los funcionarios públicos y las jubilaciones de privilegio”, destacaron esta tarde desde el Palacio de Hacienda a Infobae.
Por otro lado, cabe destacar que solo lo pagarán los CEOs y altos puestos gerenciales. También los cargos políticos de la administración pública.
Desde el Gobierno confirmaron también que en las próximas horas se enviará un proyecto de ley al Congreso para que el mínimo no imponible quede fijo y con actualización semestral. El objetivo es que la medida empiece a regir en octubre.
A partir de las 17, Sergio Massa se reúne con distintos dirigentes sindicales para analizar los cambios que anticipó la semana pasada. Dicha reunión se llevará a cabo en el Palacio de Hacienda y desde este mediodía la Plaza de Mayo y las calles aledañas se encuentran totalmente pobladas de militantes sindicales, convocados por los propios gremios como lo son UPCN, Camioneros, Sutep y la Unión Obrera Metalúrgica.
LOS CAMBIOS AL IMPUESTO
El cambio más sustancial es que deja sin deber de pago a todas aquellas personas que cobren menos de $1.500.000 desde octubre. La iniciativa se presentará formalmente a las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la CTA de los Trabajadores, quienes ya han expresado su apoyo preliminar.
Además resaltan los siguientes puntos:
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Exclusión de ciertos cargos directivos: la propuesta no es universal; excluye a ciertos cargos de alta responsabilidad en empresas. Directores de sociedades anónimas, CEOs, gerentes y subgerentes no se beneficiarán de esta exención. También se excluyen las pensiones de privilegio. Esta exclusión busca mantener la equidad en la distribución de la carga tributaria
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Implementación y fechas clave: se planea una implementación en dos fases. Aunque la ley podría entrar en vigor a partir del 1° de enero de 2024, se implementará un esquema “puente” con beneficios similares a partir de octubre de 2023
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Impacto en el salario neto: el salario neto de los trabajadores experimentaría un aumento significativo. Por ejemplo, un salario bruto de $800.000 pesos pasaría a un neto de $667.998, un incremento del 21%
