Una situación extorsiva fue denunciada al aire en Código Baires. Una veterinaria que trabajó toda su vida para el Estado, y que no debía aportar a la Caja de su profesión por no ejercer de manera particular, descubrió no sólo que tiene una deuda multimillonaria, sinó que no puede heredar los bienes de su madre recientemente fallecida.
Virginia Rodríguez, veterinaria de 63 años, es una empleada del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, nunca trabajó de manera particular desempeñándose sólo para el Estado bonaerense. Como empleada pública sus aportes van al Instituto de Previsión Social (IPS), por lo que está, y estuvo siempre, eximida de aportar a la Caja de Previsión Social para Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Pero la entidad que engloba a los veterinarios bonaerenses y la Justicia le hicieron una jugada y hace poco se enteró que tiene una deuda con la Caja desde el 2002 y una inhibición general de sus bienes desde 2008.
Rodríguez nunca fue notificada del juicio de apremio que inició la Caja de Veterinarios hace 22 años, un error de la Justicia que tras dos décadas llegó a su vida para morderla. Cuando su madre falleció e intentó hacer la sucesión de sus bienes con su padre, se enteró de la deuda millonaria que tenía con la entidad y la inhibición que existía sobre ella desde hace 18 años por parte de la Justicia provincial. Un proceso judicial que se extendió sin su conocimiento, y sin razón alguna.
La veterinaria descubrió que la Caja de Veterinarios le reclama desde 1997 aportes adeudados. Hoy en día, el monto se elevó a los 83 millones de pesos, una suma impagable para la mujer. “Vivo desde los 14 años en el mismo domicilio y a 13 cuadras del juzgado. No me pudieron notificar en 22 años a 13 cuadras de Tribunales. Me notificaron exactamente al mismo domicilio en noviembre de 2024″, denunció la profesional durante la entrevista.
“Desde hace aproximadamente 18 años soy una muerta civil. Yo y toda mi familia”, expresó Rodríguez, al señalar que la falta de notificación impidió que frenara a tiempo la acumulación exponencial de intereses.
Laberinto Judicial
La causa tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 18, a cargo de la jueza Verónica Leguise. Aunque la magistrada abrió la causa a prueba y Rodríguez presentó las certificaciones oficiales que demuestran la inexistencia de la deuda, ni la jueza ni la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones, integrada por los jueces Leandro Banegas y Hugo Rondina, valoraron dicha documentación.
Según los magistrados, el juicio de apremio no es la instancia correcta para discutir el fondo del reclamo, atribuyendo la responsabilidad de la mora a la propia deudora.
Pero no se trata de un caso aislado. Rodríguez remarcó una contradicción judicial que le ocurrió a otro veterinario. Señaló que el Juzgado Civil y Comercial N°13 dictaminó en el expediente de otro colega que la conducta de la Caja constituye un “manifiesto ejercicio abusivo”. Sin embargo, en su caso, los tribunales reconocen la irregularidad de la situación pero no le asignan consecuencias legales a la Caja.
Estamos hablando de una práctica recurrente que afecta a numerosos veterinarios bonaerenses, según afirmó Rodríguez. La veterinaria no solo busca visibilizar su situación, sino que con esta acción espera llamar la atención de los profesionales de toda la provincia, para que verifiquen su estado dominial y no descubran, cómo es su caso, que llevan casi dos décadas como “muertos civiles” sin saberlo.
Algo preocupante que denunció Rodríguez es el trato que la entidad tiene para con ella. Al comunicarse con la institución, encabezada por el Dr. Amisi, la veterinaria señaló que la Caja se niega a dialogar escudándose en la judicialización del caso.
“Para poder pagar esto tengo que vender mi casa y no me alcanza”, afirmó Rodríguez quien teme por el futuro económico de sus hijos. “Lo terrible de esta situación es darte cuenta de que no te podés morir en paz”.
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