La sombra del posible espionaje ilegal en La Plata sobrevoló la sala de audiencia del fuero Penal y dejó consecuencias. Un ex jefe de la delegación local de la Policía Federal Argentina fue acusado de violar la ley nacional de inteligencia y denunciado penalmente en el marco de la segunda audiencia del juicio oral a las seis personas acusadas de “asociación ilícita y extorsión” a feriantes de Parque Saavedra.
El comisario Leonel Jurita fue el titular de la seccional Federal ubicada en calle 49 entre 15 y 16. Confirmó que personas de esa dependencia participaron en la investigación que terminó en varios allanamientos y la detención de las y los acusados. Fue el primero de los testigos que declaró en la audiencia del último jueves 12 de octubre.
Luego de contestar varias preguntas el efectivo aseguró: “Nosotros no hacemos tareas de inteligencia, solo de investigación criminal”. Pero la defensa sostiene que en el marco de esta investigación se excedió en las tareas encomendadas por la fiscal de instrucción y ordenó realizar tareas de espionaje. Además, hicieron referencia que en el expediente hay un informe de “110 fojas de tareas de inteligencia”. También solicitó la nulidad de todo lo actuado.
El fiscal se opuso al planteo y el juez hizo lugar a los argumentos del representante de Ministerio Público Fiscal. La defensa dejó asentada la protesta y adelantó que irá en queja a instancias superiores.
Nosotros no hacemos tareas de inteligencia, solo de investigación criminal Nosotros no hacemos tareas de inteligencia, solo de investigación criminal
Todas las personas imputadas carecen de antecedentes condenatorios o investigaciones abiertas por fuera de esta. Para la defensa, esta imputación “es realmente inconsistente”. La lista de acusados la integran Javier Huertas (presunto jefe de la asociación ilícita), su pareja Estela Martínez, la feriante Alicia Lauge, Claudia Monti (la cocinera del comedor popular y merendero de Huertas y Martínez), el fletero Jorge Fierro y el albañil Roberto Martínez.
También declararon dos testigos. La primera fue Dolores María Florencia Isla. La mujer dijo que en el año 2009 fue feriante en Parque Saavedra durante unos meses. Describió que los organizadores les cobraban por la instalación y quita de los gazebos. Ese abono no era voluntario, había obligación de pagarlo, pero a los puesteros les parecía “lógico” porque se trataba de un servicio y luego aclaró que “quien necesitaba un flete” para trasladar su gazebo o mercadería “se cobraba aparte”.
El Parque Saavedra de La Plata, un día de feria
En relación al manejo de los puestos expresó que “hemos escuchado que si no se abonaba se le daba el puesto a otra persona”. Además, aportó un apunte llamativo al aseverar que “nunca” fue citada a declarar en la causa que está en debate, pero en el expediente existe un acta testimonial con sus datos.
Miguel Ángel Karwoski fue feriante en Parque Saavedra durante cuatro meses. Confirmó que alquilaba un puesto, que el lugar era custodiado por personal de Control Urbano y que “nunca hubo conflictos”. En relación a la organización refirió que “Javier y la señora nos pidieron que nos inscribamos en el monotributo para tener todo legal, nos ofrecieron el contador de ellos pero teníamos la libertar de cada uno buscar un contador”.
“Después que se levantó la feria desde la Municipalidad nos dijeron que podíamos ir a la feria de 134 y 80, pero había que comprar un puesto y pagar un alquiler mensual, a plata de hoy serían un millón de pesos por el puesto y unos doscientos mil pesos por mes”, señaló el testigo quien no dudó en refrendar que “ahora la feria” de Parque Saavedra “está funcionando de nuevo, antes (durante la gestión de Huertas y Martínez) si querías ponías tu puesto y trabajabas, ahora no, sin pago no se trabaja”.
Tras escuchar este testimonio los abogados defensores solicitaron una medida de prueba que consideran vital para el futuro de juicio. Solicitarán judicialmente a la Municipalidad de La Plata un amplio informe sobre el funcionamiento del paseo comercial de 134 y 80.
Según se desprende de la investigación, los acusados obligaban los aspirantes “a ocupar puestos a alquilarles gazebos, inscribirse como monotributistas con la intervención de profesionales por ellos designados, y exigiendo a los aspirantes, el pago de una suma de dinero – variable según la superficie a ocupar y el carácter de permanente o transitorio que ellos mismos les asignan para la instalación de puestos de venta -, bajo amenaza de suspenderles el armado de los mismos e incluso causarles daño en sus bienes”.
Para consumar esas amenazas, se valían “de la participación de un grupo que forma parte de dicha organización, sindicado como La Comisión (…) quienes ejecutarían las órdenes de los organizadores de la asociación tendientes a obtener resultados a las exigencias que se imponen a los puesteros, amenazándolos e inclusive utilizando vías de hecho”.
El abogado Ignacio Fernández Camillo es uno de los defensores. En una carta enviada a este medio señaló que durante el año 2017 “Javier Huertas y Estela Martínez instalaron junto a un grupo de personas algunos puestos de feria en el parque Saavedra de forma precaria, pero legal. En un inicio el nuevo grupo de feriantes no superó los 20 puestos, para la instalación y atendiendo requerimientos municipales, se proveyeron de distintos servicios como el armado, desarmado, cuidado, traslado y guardado de los gazebos los que se sostenían con un aporte solidario que en la medida de sus posibilidades realizaban los feriantes que decidían ser parte de esta organización. Además, existían otras organizaciones de feriantes en el parque o incluso quienes simplemente iban y ponían la manta o el puesto sin más”.
Ya en el año 2018 el crecimiento de la feria “fue exponencial, por un lado, por la posibilidad cierta de obtener ganancias, pero también por la prolija organización que ese grupo que iniciara junto con algunas personas que se sumaron pudo dar. Esto impuso mayores responsabilidades, tanto frente a las autoridades, como para con esa naciente organización”.
Según el defensor fue así que se constituyó una asociación civil que se llama “Feria Parque Saavedra Gazebos Blancos Asociación Civil”. Luego “se contactó una contadora que pudiera cumplimentar la obligación que el Municipio imponía de que todas las personas que pusieran un puesto tuvieran monotributo social”, requisito establecido en ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de La Plata. Además, “se cumplió con el requisito de que todas las personas tuvieran su puesto en una carpa o gazebo blanco, todo lo realizado fue buscando la regularización permanente por parte de este nuevo grupo de feriantes”.
La tarea llevada adelante por esta comisión directiva, de una cooperativa de trabajo de hecho, no se reducía a todo lo dicho, sino que realizaban un trabajo social buscando paliar la dura crisis, brindando comida (siempre que se armaba la feria) a quienes se acercaban, personas en situación de calle o los propios feriantes que querían compartir o era su único plato de comida en el día, asimismo durante los días que no había feria, se realizaba una olla comunitaria en el barrio de Altos de San Lorenzo, “donde se ubicaba la vivienda de Estela Martínez y Javier Huertas”.
Para la defensa la denuncia realizada por el municipio en Fiscalía General de La Plata “tiene una serie de inconsistencias insalvables, que muestran el carácter montado de la misma; por caso, estigmatizan supuestos hinchas caracterizados del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero no sostienen ni en ese momento ni durante toda la investigación tal afirmación con ninguna prueba”.
El debate oral está a cargo del juez Emir Caputo Tartara integrante del Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata. La acusación es del fiscal Juan Pablo Caniggia y la defensa será tarea de los letrados Fernández Camillo, Solange Barnetche, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Noetzly y Fernando Ravina, quien fue el defensor de Fernando Carrera acusado por la Masacre de Pompeya, pero resultó absuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa historia llegó al cine bajo el título “Rati horror show”.
Para este juicio fueron aceptados como veedores representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del Ministerio de Justicia de la Nación.
La próxima audiencia será el martes 17 de octubre a las 9:30 horas.
