Seis personas acusadas de extorsionar a feriantes de Parque Saavedra comenzarán a ser juzgadas este miércoles 11 de octubre en la sede del fuero Penal de La Plata. La causa llegó a esa instancia luego de la investigación desarrollada por la fiscal Virginia Bravo, que fue avalada por el Juzgado de Garantías interviniente, pero la defensa sostiene que se trata de una causa armada y que esa situación quedará reflejada en el debate oral.
Todas las personas imputadas carecen de antecedentes condenatorios o investigaciones abiertas por fuera de esta. Para la defensa, esta imputación “es realmente inconsistente”. La lista de acusados la integran Javier Huertas, Alicia Lauge, Estela Martínez y Claudia Monti, quienes se encuentran privados de la libertad preventivamente hace 5 años, mientras Jorge Fierro está llegando a los 4 años y Roberto Martínez superó los 2 años hace unos meses.
La causa se inició tras una denuncia penal presentada por funcionarios de la Municipalidad de La Plata. La acusación radicada por la Secretaría de Seguridad de la Comuna, en ese entonces a cargo de Darío Ganduglia, se fundamentó en los reclamos de los propios feriantes quienes, a pesar de las amenazas, decidieron hacer oír su voz. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de La Plata a cargo de la fiscal Bravo. Tras las pesquisas realizadas, el juez Pablo Raele dictó varias órdenes de allanamiento solicitadas desde la fiscalía de instrucción.
En la causa, hasta esta etapa, se dio por probado que los acusados se dedicaban a extorsionar a los puesteros que trabajan en la feria ubicada en el Parque Saavedra, amenazando con sacarlos si no pagaban una cuota de entre 400 y 1.200 pesos.
Según se desprende de la investigación, los acusados obligaban los aspirantes “a ocupar puestos a alquilarles gazebos, inscribirse como monotributistas con la intervención de profesionales por ellos designados, y exigiendo a los aspirantes, el pago de una suma de dinero – variable según la superficie a ocupar y el carácter de permanente o transitorio que ellos mismos les asignan para la instalación de puestos de venta -, bajo amenaza de suspenderles el armado de los mismos e incluso causarles daño en sus bienes”.
Para consumar esas amenazas, se valían “de la participación de un grupo que forma parte de dicha organización, sindicado como La Comisión (…) quienes ejecutarían las órdenes de los organizadores de la asociación tendientes a obtener resultados a las exigencias que se imponen a los puesteros, amenazándolos e inclusive utilizando vías de hecho”.
El abogado Ignacio Fernández Camillo es uno de los defensores. En una carta enviada a este medio señaló que durante el año 2017 “Javier Huertas y Estela Martínez instalaron junto a un grupo de personas algunos puestos de feria en el parque Saavedra de forma precaria, pero legal. En un inicio el nuevo grupo de feriantes no superó los 20 puestos, para la instalación y atendiendo requerimientos municipales, se proveyeron de distintos servicios como el armado, desarmado, cuidado, traslado y guardado de los gazebos los que se sostenían con un aporte solidario que en la medida de sus posibilidades realizaban los feriantes que decidían ser parte de esta organización. Además, existían otras organizaciones de feriantes en el parque o incluso quienes simplemente iban y ponían la manta o el puesto sin más”.
Ya en el año 2018 el crecimiento de la feria “fue exponencial, por un lado, por la posibilidad cierta de obtener ganancias, pero también por la prolija organización que ese grupo que iniciara junto con algunas personas que se sumaron pudo dar. Esto impuso mayores responsabilidades, tanto frente a las autoridades, como para con esa naciente organización”.
Según el defensor fue así que se constituyó una asociación civil que se llama “Feria Parque Saavedra Gazebos Blancos Asociación Civil”. Luego “se contactó una contadora que pudiera cumplimentar la obligación que el Municipio imponía de que todas las personas que pusieran un puesto tuvieran monotributo social”, requisito establecido en ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de La Plata. Además, “se cumplió con el requisito de que todas las personas tuvieran su puesto en una carpa o gazebo blanco, todo lo realizado fue buscando la regularización permanente por parte de este nuevo grupo de feriantes”.
La tarea llevada adelante por esta comisión directiva, de una cooperativa de trabajo de hecho, no se reducía a todo lo dicho, sino que realizaban un trabajo social buscando paliar la dura crisis, brindando comida (siempre que se armaba la feria) a quienes se acercaban, personas en situación de calle o los propios feriantes que querían compartir o era su único plato de comida en el día, asimismo durante los días que no había feria, se realizaba una olla comunitaria en el barrio de Altos de San Lorenzo, “donde se ubicaba la vivienda de Estela Martínez y Javier Huertas”.
Para la defensa la denuncia realizada por el municipio en Fiscalía General de La Plata “tiene una serie de inconsistencias insalvables, que muestran el carácter montado de la misma; por caso, estigmatizan supuestos hinchas caracterizados del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero no sostienen ni en ese momento ni durante toda la investigación tal afirmación con ninguna prueba”.
El debate oral estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata, a cargo de los magistrados Emir Caputo Tartara, Juan Carlos Bruni y Carolina Crispiani. La acusación está en manos del fiscal Juan Caniggia y la defensa será tarea de los letrados Fernández Camillo y Fernando Ravina, quien fue el defensor de Fernando Carrera acusado por la Masacre de Pompeya, pero resultó absuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para este juicio fueron aceptados como veedores representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del Ministerio de Justicia de la Nación.
