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Este miércoles a las 15 horas, en la sede de la Secretaría de Trabajo ubicada sobre Avenida Callao al 114, el Gobierno nacional recibirá a los gremios estatales ATE y UPCN para discutir un nuevo incremento salarial. El encuentro se da en un contexto de fuerte tensión: los trabajadores públicos vienen de acumular aumentos muy por debajo de la inflación, despidos masivos y la Asociación de Trabajadores del Estado llega a la negociación con una advertencia clara.
“Si vuelven a ofrecer una miseria, el conflicto crecerá”, lanzó este mismo miércoles el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, a través de sus redes sociales. El dirigente también fue contundente con sus exigencias: “La demanda de los estatales nunca fue irracional. Queremos que se nos garantice nuestro derecho a retribución justa y que nuestro salario alcance para cubrir la canasta familiar”.
Desde el gremio remarcaron que no aceptarán una propuesta que no contemple la recuperación de todo el poder adquisitivo perdido. ATE reclama un ingreso mínimo de $1.869.000 para toda la administración pública nacional, monto que consideran equivalente al valor de la canasta familiar. “No vamos a firmar ninguna oferta que se ubique por debajo de la inflación. No aceptamos que nuestros salarios tengan cepo”, enfatizó Aguiar.
La administración libertaria llega a la mesa de negociación con una política restrictiva. Según trascendió, la propuesta del Ejecutivo podría rondar un aumento menor al 2% mensual, en línea con su objetivo de contener la inflación. Sin embargo, los gremios ya alertaron que esta oferta resultaría insuficiente frente al deterioro salarial acumulado. ATE señaló que, mientras el salario apenas creció un 6,8% en lo que va de 2025, la inflación acumulada ya alcanza el 15,1%.
“No es cierto que el descenso de la inflación haya mejorado nuestras condiciones de vida. En el sector público, por más que baje la inflación, la plata no le alcanza a nadie”, sostuvo Aguiar, quien también reclamó que se inicie un “proceso re recuperación de todos los ingresos ” del sector.
Además del reclamo salarial, el sindicalista denunció un contexto de persecución y represión hacia los trabajadores del Estado. En un acto reciente en la sede de ATE, donde se presentó el informe semestral sobre represión elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria, Aguiar aseguró: “En estos seis meses hubo más personas heridas y detenidas que durante todo el 2024. Podemos dar fe porque los trabajadores lo estamos sintiendo en carne propia”.
El antecedente inmediato de negociación entre ATE y el Gobierno fue en abril, cuando el Ejecutivo otorgó de forma unilateral un aumento del 3,9% para el trimestre marzo-mayo, distribuido en tres cuotas de 1,3%, junto con un bono de $45.000. Esa oferta fue aceptada por UPCN, el gremio mayoritario, pero rechazada por ATE, que desde entonces insiste en reabrir las paritarias y elevar sustancialmente los sueldos.
“La retribución justa es un derecho constitucional. No puede seguir ajustando a los trabajadores mientras se beneficia a los sectores concentrados”, remató Aguiar en uno de sus últimos posteos. En ese marco, la expectativa está puesta en si el Gobierno llevará hoy una propuesta capaz de descomprimir el conflicto o si, como advierte ATE, la tensión se profundizará.
