Rutas al límite: denuncian un vaciamiento histórico en Vialidad Nacional

El desfinanciamiento del Gobierno nacional a las rutas nacionales ya entró en una etapa crítica. Así lo señala un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que describe la situación como el punto “más grave de su historia”.

El documento parte de una definición política: atribuye el deterioro a una decisión del Gobierno nacional de desfinanciar y desarticular las políticas vinculadas a la infraestructura vial. Los datos que expone son concretos: una reducción del presupuesto real superior al 80% entre 2022 y 2026, más de 1.200 trabajadores desvinculados y una red vial nacional con cerca del 70% de sus tramos en estado regular o malo.

Sobre este último punto, el estado de la red muestra un deterioro extendido. Solo el 48,1% de los tramos evaluados alcanza un Índice de Estado considerado “bueno”, y esas mediciones cubren menos de la mitad del total. Con relevamientos propios, la Federación estima que más del 70% de las rutas nacionales se encuentran en condiciones regulares o malas.

El informe sostiene que por cada peso no invertido en mantenimiento, el Estado deberá gastar entre tres y cinco veces más en rehabilitación posterior. En términos macroeconómicos, estima pérdidas anuales de entre el 1% y el 3% del PBI por sobrecostos de operación y reconstrucciones evitables.

Respecto al presupuesto señalan que hay una “restricción estructural” que le impide sostener su funcionamiento. El nivel mínimo necesario para el mantenimiento de la red se ubica en $3.300.000.000, pero el crédito es cinco veces menor. A eso se suma un recorte del 80% en Bienes de Uso, que afecta directamente la ejecución de obras.

Para salir de eso, plantearon que es clave recurrir a financiamiento externo, mediante organismos como el BID, la CAF o el Banco Mundial, pero alertaron que la baja ejecución presupuestaria le baja el precio al organismo frente a los acreedores.

Otro punto es la deuda con contratistas, que podría incrementarse si no se define un plan pronto. En ese marco, el informe marca una contradicción: pese a la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que sería suficiente para ordenar los fondos, la deuda del organismo continúa creciendo. La provincia de Buenos Aires concentra el 18% del total.

El deterioro de la infraestructura también se vincula con la seguridad vial. Según los últimos datos disponibles, en 2022 se registraron 3.828 víctimas fatales en siniestros viales. En 2023, la cifra ascendió a 4.369 muertes, un aumento del 14%, con un promedio de 12 víctimas por día.

El informe agrega que desde 2024 no se publican datos actualizados de siniestralidad por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo que atribuye a la pérdida de capacidad estatal tras los recortes. Los datos de 2025 aún no fueron difundidos.

El punto de fondo es otro: mientras el Estado tiene la obligación de garantizar rutas en condiciones seguras, los fondos específicos para sostenerlas siguen ingresando a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Sin embargo, el informe advierte que esos recursos no se están volcando a la infraestructura vial y no hay precisiones oficiales sobre su destino.