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Una mujer de 42 años fue imputada por el delito de estafa tras una investigación realizada por la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, luego de que se detectara el uso indebido de los datos bancarios de una trabajadora con discapacidad psíquica para realizar múltiples compras que le generaron una deuda cercana a los dos millones de pesos.
La imputada fue identificada como Virginia Inés Brizuela (42), quien, según establecieron los investigadores, mantenía un vínculo laboral con la víctima en el Jardín de Infantes N°954 de La Plata.
El procedimiento se llevó adelante en la ciudad de La Plata y fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°5, a cargo de la jueza Marcela Garmendia. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°16, encabezada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
De acuerdo con la investigación, la maniobra se descubrió luego de que la víctima realizara una denuncia ante la Dirección de Cibercrimen al advertir movimientos irregulares en su tarjeta bancaria.
Según manifestó, comenzaron a aparecer consumos que ella nunca había realizado y que, con el paso de los meses, se acumularon generando una deuda de gran magnitud.
Los investigadores determinaron que las compras se realizaban utilizando los datos de la tarjeta de la víctima y que estaban diseñadas para pasar desapercibidas. En su mayoría se trataba de operaciones en cuotas y por montos relativamente bajos, lo que dificultaba que el sistema bancario o la propia damnificada detectaran rápidamente la maniobra fraudulenta.
Sin embargo, con el correr del tiempo la situación se agravó considerablemente. La acumulación de consumos generó un perjuicio económico cercano a los 2.000.000 de pesos, afectando de manera directa los haberes de la víctima. Incluso, según consta en la causa, la entidad bancaria llegó a aplicar embargos sobre su salario debido a la deuda generada.
Durante las tareas investigativas, el personal especializado en delitos informáticos realizó diferentes análisis de movimientos financieros, registros digitales y otros elementos que permitieron avanzar en la reconstrucción de las operaciones. A partir de esas diligencias se logró establecer que detrás de las compras estaría una compañera de trabajo de la damnificada.
Con los elementos de prueba reunidos, los investigadores lograron identificar el domicilio de la sospechosa y solicitaron la correspondiente orden de allanamiento ante la Justicia.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías N°5 y se concretó en una vivienda de la ciudad de La Plata. Durante el operativo, los efectivos secuestraron un teléfono celular, una notebook, un televisor plasma y diversas prendas de vestir, elementos que ahora serán sometidos a pericias para determinar si contienen información vinculada con las maniobras investigadas.
Tras el procedimiento, la mujer fue notificada formalmente de la imputación en su contra por el delito de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal.

La investigación continúa en curso y no se descarta que, a partir del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados, puedan surgir nuevas pruebas o incluso otras posibles maniobras similares. Mientras tanto, la Justicia busca determinar con precisión el alcance del fraude y el recorrido del dinero obtenido mediante las operaciones fraudulentas.


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