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El juicio por la muerte de Johana Ramallo, centrado en delitos de trata de personas para explotación sexual y narcotráfico en la Zona Roja de La Plata, continuará el 30 de mayo con una audiencia clave. El testimonio de Marta Ramallo, madre de la joven, será presencial, en una etapa marcada por la participación remota de testigos y acusados.
Este debate, que comenzó el pasado 16 de mayo, se desarrolla bajo la modalidad de una audiencia cada dos semanas, debido a las agendas de los jueces Germán Castelli (presidente), Andrés Basso y Nelson Jarazo.
En la primera audiencia, realizada en los Tribunales Federales de La Plata, el recinto estuvo colmado. Participaron organizaciones sociales y de derechos humanos que siguen el caso desde hace años. El juicio se transmite en vivo por YouTube, bajo pautas de la Corte Suprema, que permiten la difusión masiva de las audiencias.
Durante esa jornada inicial, se presentaron las acusaciones del Ministerio Público Fiscal y de la querella, seguidas por discusiones preliminares. Las defensas solicitaron restricciones en la difusión de imágenes de los imputados, pero el tribunal resolvió no permitir la toma de fotos en momentos sensibles, como las declaraciones indagatorias.
Ocho personas están imputadas por integrar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y la trata de personas en la Zona Roja de la ciudad y adyacencias. Según la investigación, esa estructura operaba bajo una lógica de sometimiento basada en el consumo problemático de drogas, explotando a mujeres en situación de vulnerabilidad, como Johana Ramallo, desaparecida en julio de 2017.
La causa sostiene que los imputados -Carlos Omar Rodríguez, Federico Hernán D’Uva Razzari, Carlos Alberto Espinoza Linares, Erika Paola Garraza, Celia Noemí Giménez, Celia Andreza Benítez, Mirko Alejandro Galarza Senio y Hernán Rubén García- integraban una red de trata y narcotráfico con características de asociación ilícita. La misma incluía roles diferenciados: desde quienes “cuidaban” a las mujeres y controlaban sus ingresos, hasta quienes cobraban por las “paradas” mediante amenazas o violencia.
Además, se los acusa de comercializar estupefacientes en forma organizada y de usar menores de edad. Algunas imputadas, como Garraza, Benítez y Giménez, tienen perfiles marcados por vulnerabilidades sociales y económicas, lo que será tenido en cuenta a la hora de evaluar sus responsabilidades y eventuales penas.
