11 represores recibieron prisión perpetua por crímenes en centros clandestinos de la dictadura

El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata condenó este jueves a prisión perpetua a 11 represores en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en “1 y 60” y en las comisarías 8va y 2da de la capital bonaerense durante la última dictadura cívico-militar.

La lectura de la sentencia se realizó en la sala de audiencias de la Cámara Federal de La Plata, ubicada en 8 y 50, ante la presencia de sobrevivientes y familiares de las víctimas. El proceso judicial había comenzado en mayo de 2023.

En el debate oral fueron juzgados 13 imputados por crímenes perpetrados contra unas 300 víctimas que, en su mayoría, provenían de fábricas y empresas estratégicas de la región, entre ellas el Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, SIAP, YPF y el frigorífico Swift.

El tribunal, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Baso, condenó a prisión perpetua al exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart, quien se desempeñaba en ese cargo al momento de los hechos investigados.

También recibieron la pena de prisión perpetua Jorge Alberto Crinigan, Israel Ramón Verón, Enrique Francisco Welsh, Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón, Rubén Vicente Shez, Enrique Armando Cicciari, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale.

Por otra parte, Lucas Marcelo Castro fue condenado a 18 años de prisión, mientras que Carlos Ernesto “El Indio” Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) e imputado también en el juicio CNU 2 que se desarrolla en La Plata, recibió una pena de 25 años de cárcel.

Según se informó durante la lectura del veredicto, los condenados pertenecieron al Regimiento 7, a la Policía Bonaerense y al Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.

Además, el tribunal tuvo en cuenta los delitos sexuales denunciados por algunas de las víctimas. El reconocimiento de la violencia sexual como parte del plan criminal implementado durante la última dictadura ya quedó plasmado en más de 60 sentencias dictadas desde 2006 hasta la actualidad.