El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, Susana González, se reunieron este lunes con referentes gremiales y representantes de serenos de buques, a quienes les comunicaron la adhesión de esta terminal portuaria a la obligación de contratar trabajadores encargados de garantizar la seguridad operativa y proteger la actividad en los puertos de la provincia de Buenos Aires.
Del encuentro, realizado en las instalaciones del Dock Central, participaron Gustavo Mariani (asesor del Ministerio), representantes del Sindicato Único de Serenos de Buques, del Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina (SEAMARA) y del Sindicato Único de Fleteros.
Tras el encuentro, Correa afirmó que “el dictamen del Ministerio es fundamental teniendo en cuenta el avasallamiento del gobierno nacional con respecto a la desregulación y no incorporación de serenos de buques, que representan en la provincia de Buenos Aires alrededor de 600 puestos de trabajo”, afirmó Correa.
Asimismo, el ministro destacó la disposición de la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata al “interpretar el objetivo del dictamen para implementarlo a favor de los trabajadores y trabajadoras, cuando se trata de proteger los puestos de trabajo en áreas tan sensibles como la seguridad portuaria”.
Por su parte, González señaló que “el Directorio de este Consorcio bonaerense aprobó por unanimidad la resolución que establece, conforme al dictamen del Ministerio de Trabajo, la obligatoriedad de las agencias marítimas de contratar serenos de buques en el ámbito de esta terminal”, y remarcó que la medida apunta a “fortalecer los estándares de seguridad y sostener el control de las actividades vinculadas a la operatoria portuaria”.
Finalmente, Gabriel Vera, prosecretario nacional del Sindicato Sereno de Buques, valoró “el diálogo con el ministro Correa, el asesor Gustavo Mariani y la buena recepción de la autoridad del Puerto La Plata”, al tiempo que subrayó que la iniciativa busca “garantizar la seguridad en el ámbito portuario y la continuidad laboral para que alrededor de 600 familias puedan sostener el ingreso de sus hogares”.


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