La justicia Federal de La Plata dio por acreditada una maniobra de triangulación financiera por parte de una empresa para hacerse de dólares al tipo de cambio oficial que fueron destinados a la construcción de un paseo de compras en el vecino país de Uruguay. Como coartada, se utilizó a la pandemia y la importación de un insumo médico clave en la lucha contra el COVID-19.
El juez federal Ernesto Kreplak validó la denuncia de la Dirección General de Aduanas relacionada con la sobrefacturación de la importación de 10.745.000 guantes de látex. Mediante una maniobra de triangulación financiera, la firma Guedula se hizo de más de U$D 4.5 millones del Banco Central en forma indebida.
La Dirección General de Aduanas denunció que la mercadería -que se encontraba en un depósito de la Zona Franca La Plata y ya fue donada a hospitales- había sido declarada a un valor llamativamente elevado al momento de su importación: mientras que el precio unitario que figura en la operación es de U$D 0,51 (U$D 51 por caja de 100 unidades) el organismo estima que el valor razonable -en base a estudios de valor y antecedentes- es más cercano a los U$D 0,085 (U$D 8,5 por caja de 100 unidades).
Esto supone una sobrefacturación del 600%. La maniobra fue especialmente grave dado que se aprovechó de que, en el marco de la emergencia sanitaria, el Decreto 333/2020 había exceptuado a los guantes de uso médico del pago de derechos de importación.
Los guantes fueron fabricados en Malasia, Hong Kong y China, pero ingresaron al país a través de la refacturación de la mercadería desde Uruguay y Brasil. A su vez, los giros al exterior se triangularon a través de bancos con sede en Estados Unidos.
De la resolución firmada por Kreplak se desprende un tramo interesante referido a la ruta del dinero, ya que se determinó que parte de los dólares obtenidos de manera ilegal fueron luego aplicados a inversiones en Uruguay para la construcción de un centro comercial.
Para el juez, se trata de “un grupo de personas que obtuvo dinero de manera ilegítima, que aportó millones de pesos y de dólares para la construcción del comercio antes indicado. Sobre el punto es de destacar que la empresa adjudicataria de dicha licitación en este país -Hatzlaja- no posee la capacidad económica para llevar a cabo tamaña inversión. Tampoco lo poseen sus socias Dowler Company y Weiss”.
Es que lo más interesante es lo que se halló a posteriori de haber descubierto la maniobra: “No ha surgido un correlato entre las operaciones registradas y la documentación emitida por las sociedades para justificarlas. Más aún, en muchos casos, ni siquiera se advierte la existencia de documentación alguna”, puntualizó Kreplak en el énfasis que se pone, además de en el contrabando agravado, en el lavado de dinero obtenido.
El magistrado dispuso embargos millonarios para las empresas Guedula SA, Dowler Company SA y Hatzlaja SA, sus accionistas y directores.
“Guedula SA (empresa sin actividad comercial comprobada) recibió dinero que aplicó para el contrabando por sobrefacturación y luego inyectó parte de los fondos provenientes de las maniobras indicadas, en sociedades vinculadas con la construcción del Shopping ‘OH! Buenos Aires’, marca a la postre registrada por Stolovitsky Colb -a su nombre-. Ello con la intervención de la persona jurídica Hatzlaja integrada societariamente por Dowler Company y Ofelia Weiss”, detalló el procesamiento. Diversos testigos declararon que quien se hacía pagar sus gastos y tomaba las decisiones era Stolovitsky Colb: intervino en la construcción de un shopping en la localidad de Punta del Este, Uruguay, “OH! La Barra”; así como también en el emprendimiento “OH! Buenos Aires”, a través de la utilización de la persona jurídica Hatzlaja SA. Así, la Justicia determinó que parte de los fondos obtenidos con la sobrefacturación de importaciones terminó en esos emprendimientos.
