|
Escuchar la nota
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Javier Alonso, resolvió cesantear a 24 oficiales superiores de la Policía Bonaerense por haber incurrido en faltas graves contra la normativa que regula el accionar de la fuerza. La decisión se tomó tras constatar que los implicados desarrollaban actividades político-partidarias a favor de un candidato a legislador, utilizando instalaciones y recursos del Estado durante el horario de servicio.
La investigación fue iniciada a partir de una denuncia anónima “muy completa, con detalle”, según precisó el propio ministro Alonso, que derivó en operativos internos realizados por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI). Las inspecciones sorpresivas se llevaron a cabo en oficinas de áreas de conducción de la fuerza, donde se encontraron elementos que confirmaban la veracidad de las acusaciones.
De acuerdo con la información oficial, los oficiales cesanteados mantenían vínculos operativos con el ex comisario Maximiliano Bondarenko, candidato a diputado provincial por el frente La Libertad Avanza – PRO, quien encabeza la lista en la estratégica Tercera Sección electoral. Los agentes participaban activamente en el armado político del espacio y colaboraban en la elaboración de una propuesta de reforma policial que los incluía a ellos mismos en eventuales cargos de conducción.
“El candidato ya había sido concejal. Se presentó en una elección, pidió autorización, luego pidió licencia. Pero por Ley Orgánica, los miembros de la policía no pueden organizarse políticamente”, recordó Alonso en recientes declaraciones radiales. Y añadió: “Se detectó una confabulación de un grupo de policías, algunos con responsabilidad jerárquica, que usaban oficinas públicas para brindar apoyo político a este candidato. Lo que se delineaba era un intento de intervención institucional en la fuerza, con un esquema de reemplazo en la conducción. Eso, en los hechos, es un golpe al comando institucional”.
La legislación que regula el accionar policial, el Decreto Ley 9.550. es clara al respecto. Su artículo 58, inciso 10, sanciona con cesantía o pase a retiro a quienes “intervengan, o de cualquier forma participen en política, en la organización de los partidos políticos o en su gestión”, salvo el personal retirado. En este caso, los implicados se encontraban en actividad y habrían utilizado material oficial, computadoras y espacios físicos del Estado para impulsar una campaña partidaria.
Entre los afectados por la sanción se encuentra toda la conducción de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, con sede en el Bosque de La Plata, a pocos metros de la Jefatura central de la fuerza. También fueron alcanzados efectivos de otras jurisdicciones, como Tres de Febrero y Exaltación de la Cruz.
Las actuaciones internas ya fueron elevadas a la Justicia Penal para que determine si, además del incumplimiento administrativo, se configuró algún tipo de delito. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que la medida busca preservar el carácter institucional y profesional de la fuerza, alejado de cualquier utilización partidaria. “No se puede permitir que quienes deben velar por el cumplimiento de la ley incurran en prácticas que la contradicen”, señalaron desde la cartera.
