“Pensaban en golpes tradicionales y elecciones, no en un genocidio”: el clima social en el 76′

En la antesala de un nuevo 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el historiador Carlos Ciappina repasó el contexto histórico del golpe de 1976, definió a la última dictadura como el punto culminante de la injerencia militar en la política nacional y advirtió sobre la persistencia de discursos negacionistas y de aspectos estructurales heredados de aquel período.

Durante una entrevista en el programa Código Baires, Ciappina sostuvo que “la última dictadura es el final de una progresión ascendente de ocupación del Estado por parte de las Fuerzas Armadas”, a las que caracterizó como “un partido político armado, con toda la potestad del Estado”. En ese sentido, explicó que desde el golpe de 1930 se consolidó una lógica de interrupciones institucionales impulsadas por sectores cívico-militares para desplazar a gobiernos “considerados populistas o populares” y restaurar un orden acorde a las elites.

En este sentido, el historiador remarcó que el golpe del 24 de marzo de 1976 tuvo características diferenciales respecto de los anteriores. “Fue cívico, militar, eclesiástico y económico”, afirmó, y agregó que, a contramano de otras interrupciones del orden democrático, no buscó una transición sino la instalación de un régimen total. En esa línea, recordó que hasta el propio dictador Jorge Rafael Videla declaraba: “No tengo plazos, tengo objetivos”, y señaló que eso implicó “una dictadura que ocupó todo el espacio estatal y no estatal en la Argentina”.

Ciappina también puso el foco en el carácter represivo del régimen y en el alcance de sus consecuencias. “Fue un plan de destrucción de la nación”, indicó, retomando el planteo de Rodolfo Walsh en su Carta a las Juntas, y sostuvo que las víctimas “no fueron solo militantes o dirigentes populares, sino los 25 millones de argentinos”.

Consultado sobre las condiciones que habilitaron el golpe, el historiador explicó que existía un clima generalizado de crisis política y económica. “Todos los partidos consideraban que se estaba viviendo una situación de agotamiento”, señaló, aunque aclaró que la dirigencia no dimensionó el alcance del proceso que se avecinaba. Según indicó, predominaba la idea de que se trataba de un nuevo ciclo de dictadura breve seguido de elecciones, y no de “un proceso de represión ilegal indiscriminado del genocidio”.

En relación al rol del peronismo, Ciappina consideró que la debilidad del gobierno de María Estela Martínez de Perón incidió en el contexto previo, aunque planteó que, tras la salida de José López Rega, existían condiciones para llegar a los comicios de 1977. “A medida que se estabilizó el gobierno de Isabel Perón, las Fuerzas Armadas decidieron, paradojalmente, dar el golpe”, afirmó, al advertir que un proceso electoral hubiera reabierto el ciclo democrático.

Sobre el período posterior a 1983, destacó que la recuperación democrática implicó un quiebre en la injerencia militar en la política. “Las Fuerzas Armadas quedaron excluidas de la puja política”, aseguró, y subrayó el papel de los organismos de derechos humanos, como Madres, Abuelas e HIJOS, en la construcción de memoria. También ponderó el Juicio a las Juntas como un momento clave, al permitir ver “a los dictadores sentados frente a un tribunal y condenados”.

Sin embargo, advirtió que ese proceso no fue completo y alertó sobre la vigencia de discursos reivindicatorios. “Hoy hay negacionismo e incluso posiciones apologistas de la dictadura desde el Gobierno nacional”, sostuvo, y consideró que la movilización del 24 de marzo será “multitudinaria” y necesaria para reafirmar las políticas de memoria, verdad y justicia.

Por último, el historiador y docente señaló que aún persisten estructuras heredadas del régimen, especialmente en el plano económico. Y mencionó, entre otros ejemplos, la reforma financiera impulsada por José Alfredo Martínez de Hoz y la deuda externa contraída durante la dictadura. “Nuestro sistema financiero funciona con bases sentadas en ese período”, indicó.

En ese marco, también cuestionó el rumbo actual al afirmar que “se está llevando adelante el programa que Martínez de Hoz no logró completar”, y advirtió que ese modelo configura “una factoría de extracción de bienes primarios que favorece a una minoría”.

Por ello, a 50 años del golpe, el historiador llamó a reforzar la enseñanza de lo ocurrido y a sostener las políticas de memoria. “Tenemos como sociedad la obligación de sostener la memoria, la verdad y la justicia, porque los riesgos de un retorno a lo peor del pasado son reales”, concluyó.