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El Gobierno nacional oficializó este martes un nuevo aumento en las tarifas de electricidad para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en línea con la evolución de la inflación. La medida, que impactará en las facturas de los clientes de Edenor y Edesur se implementa a través de las resoluciones 400 y 401/2025 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicadas en el Boletín Oficial con la firma de su interventor, Osvaldo Ernesto Rolando.
De acuerdo con los nuevos cuadros tarifarios, el ajuste promedio ronda el 2,82% sobre las boletas finales. Esta actualización se da en el marco de la extensión de la emergencia económica, que ahora se prolongará hasta el 9 de julio de 20226. Según se informó oficialmente, el ENRE fijó el nuevo valor del Costo Propio de Distribución (CPD) contemplando la variación de los índices de precios al consumidor y mayoristas difundidos por el INDEC.
Pero el incremento tarifario es solo una parte del paquete de medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno también prorrogó por un año más la declaración de emergencia del sistema energético nacional, que abarca a las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad bajo jurisdicción federal, así como también al transporte y distribución de gas natural.
Tres prórrogas, un mismo DNU
La norma también extiende por el mismo período el llamado “Período de Transición hacia Subsidios Energético Focalizados”, lo que implica una nueva postergación en la redefinición del régimen de subsidios y en la implementación de mecanismos más específicos para su asignación. Asimismo, se decidió mantener por otro año la intervención de los entes regulados del sector: el ENRE y el ENARGAS, que seguirán sin ser normalizados ni unificados.
El nuevo decreto señala que “persisten aún las circunstancias que motivaron los decretos previos”, y que por ello se requiere mantener el esquema de emergencia. Además, el Gobierno ratificó su intención de profundizar la política tarifaria iniciada por la gestión de Javier Milei. Entre los objetivos se propone alcanzar durante esta prórroga se destacan:
Cubrir un mayor porcentaje del costo de abastecimiento de gas natural, limitando el aporte estatal a quienes “realmente lo necesiten”.
– Completar las obras necesarias para aumentar la capacidad de transporte de gas natural en el país.
– Enfrentar los problemas estructurales del sistema eléctrico, como la obsolescencia del parque generador, cuellos de botellas en el transporte y deficiencias en la distribución.
– Continuar reduciendo los subsidios al Precio Estacional de la energía (PEST) dentro del Mercado Eléctrico Mayorista.
– Mejorar los criterios de inclusión y exclusión de beneficiarios, así como la información sobre ingresos y patrimonio de los usuarios.
– Avanzar en la transición de un esquema de subsidios generalizados, que actualmente alcanza a casi 10 millones de hogares, hacia uno focalizado y administrativamente más eficiente.
Con esta medida, el Gobierno apuesta a seguir rodeando el sistema energético, aunque las demoras en la reestructuración y la vía del decreto generan fuertes cuestionamientos desde sectores políticos y jurídicos.
