Un secretario judicial del fuero Civil y Comercial y su hijo, detenidos y acusados de violencia de género en La Plata sobre la esposa y madre de los implicados, fueron excarcelados luego de un año y dos meses en prisión preventiva. Los datos de los acusados se mantendrán en reserva para proteger a la potencial víctima.
La jueza Claudia Grecco, titular del Juzgado Correccional 4 de La Plata, tras analizar el planteo del defensor Humberto Pastor concluyó que padre e hijo estaban en condiciones de recuperar la libertad bajo promesa de buena conducta (caución juratoria). Además, no podrán mantener contacto con la denunciante y evitar acercarse a un radio menor de doscientos metros, y realizar tratamientos psicológicos, según se detalla en la resolución judicial a la que accedió un portal local de noticias.
El funcionario judicial está procesado por “lesiones leves agravadas, por ser cometidas por un hombre en un contexto de violencia de género y por haber sido cometidas por su pareja”, mientras que su hijo le imputan los delitos de “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un descendiente en concurso real con amenazas, en concurso materia con amenazas agravas”, según se desprende de la resolución.
La juez explicó que el funcionario tiene una pena mínima en expectativa de “seis meses y su máximo de dos años” de prisión, mientras que su hijo “tiene un mínimo de un año”. “Los imputados se encuentras cumpliendo detención preventiva-bajo la modalidad de arresto domiciliario- desde hace un año y dos meses”, señaló la magistrada.
Los acusados no tienen antecedentes penales. Además, el funcionario lleva detenido “un lapso de tiempo cercano al máximo de la pena contemplado para el delito que se le enrostra” mientras que su hijo lleva privado de libertad un monto superior al mínimo previsto para los delitos que le imputan.
Para la jueza “de mantenerse la situación de encierro (…) la medida de coerción como tal perdería proporcionalidad (…) y se convertiría en un adelanto de la pena”. La magistrada aclaró que se entrevistó con la mujer “presunta víctima” y en relación a los “peligros procesales” como fuga y/o entorpecimiento probatorio, en relación a lo dicho por “la víctima”, entiende la jueza que está garantizado en fin del proceso.
Los acusados recuperaron la libertad mientras la defensa insiste en rechazar la elevación a juicio por entender que, durante la instrucción, no tuvo la posibilidad de confrontar el testimonio de la mujer denunciante. El letrado llegó hasta la Suprema Corte en reclamo de poder indagar a la mujer. En todas las instancias fue rechazado ese pedido. Ya se encuentra preparando el recurso para ir a la Corte Suprema de Nación.
Esa parte entiende que se afectaron al menos dos garantías constitucionales al no poder controlar y confrontar la principal prueba de cargo que es el testimonio de la denunciante.
