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Tras un año de conflicto con el Instituto José Manuel Estrada de City Bell, la familia de Rodrigo Rey celebró el fallo judicial que ordenó rematricular a sus hijos y que, según remarcaron, representaba un precedente fundamental para milesa de hogares que enfrentan situaciones de discriminación en el sistema educativo.
La familia del arquero de Independiente volvió a expresarse públicamente después de conocer la resolución definitiva que obliga a la institución a garantizar la matrícula 2025. El conflicto se originó cuando el colegio les negó la continuidad escolar alegando “derecho de admisión”, una medida que afectó especialmente a uno de los niños, diagnosticado dentro del espectro autista.
En un mensaje difundido en redes, recordaron cómo comenzó todo: “Como muchos ya saben, hace un año vivimos una situación profundamente triste: la escuela de nuestros hijos le negó la rematriculación a ambos, (Uno de ellos está dentro del espectro autista)”. En ese mismo texto describieron el impacto emocional del proceso: atravesar “semejante ensañamiento, simplemente por reclamar los derechos y las adaptaciones que le corresponden a un niño con discapacidad, fue algo muy difícil de procesar y entender”.
María Laura “Lali” Rey sostuvo que, a pesar de la angustia que acompañó el camino judicial, la sentencia les devolvió “alegría y esperanza”, al tiempo que destacaron que su alcance excede lo personal. “Este fallo es una noticia que trae esperanza para muchas familias que están pasando, o pasarán, por algo parecido”, expresaron. También advirtieron que la discriminación hacia niños autostas en entornos educativos continúa siendo un problema presente: “Lamentablemente, la discriminación hacia niños autistas y sus familias en las escuelas está afectanod a miles de hogares de una manera alarmante”.
El caso, que se extendió durante meses y motivó reuniones, pedidos de explicaciones y finalmente la presentación de un amparo en el Juzgado de Garantías del Joven N° 3 de La Plata, terminó con un fallo contundente. La Justicia calificó la situación como un hecho de “discriminación indirecta”, al considerar que la exclusión generó un impacto desproporcionado por motivos de discapacidad y que el colegio no logró justificar su decisión bajo una finalidad legítima.
La resolución ordena a la Fundación José Manuel Estrada garantizar la continuidad escolar de ambos menores “hasta la finalización de sus ciclos educativos”: nivel secundario para Renata y nivel primario y secundario para Benicio. También exige realizar ajustes razonables para asegurar la inclusión del niño con TEA y disponer capacitaciones obligatorias en discapacidad y derechos humanos para todo el personal docente y no docente, como medida de no repetición. Además, insta a la familia y a la institución a recomponer un vínculo basado en el respeto y el diálogo para que los chicos puedan desarrollar su trayectoria escolar de manera “armónica, digna y potenciadora de sus capacidades”.
En su mensaje, la familia destacó que situaciones como la que atravesaron no distinguen condición social ni recursos: “Da exactamente lo mismo qué apellido tengas, qué situación económica, cuántos recursos o herramientas. Todos estamos padeciendo el mismo flagelo”. Y enviaron un mensaje directo a las instituciones educativas: “NINGÚN DERECHO DE ADMISIÓN ESTÁ POR ENCIMA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS”.
Lali Rey cerró su publicación agradeciendo a su entorno, al equipo profesional que los acompañó y a las organizaciones que trabajan por la inclusión educativa. También reconoció el rol de los medios que siguieron el caso. “Esto nunca fue solo por nuestros hijos. Fue, y es, por todos los hijos e hijas de quienes luchan por una inclusión real en las escuelas”, afirmó.
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