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Pese a la reciente ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso, especialistas en la materia advirtieron sobre la gran deuda que tiene el país y los gobierno al respecto, así como la falta de un enfoque adecuado que tenga en cuenta la idea de “accesibilidad universal”. Al respecto, Claudia Spidalieri, presidenta del Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (COTOBA) y refente en el tema, afirmó que en la Argentina “no existe la perspectiva de discapacidad con enfoque de derechos humanos” y denunció la ausencia de una política pública integral.
“La discapacidad es una problemática social”, comenzó definiendo Spidalieri en diálogo con el programa Código Baires, y remarcó que se trata de un fenómeno que puede atravesar a cualquier persona “en cualquier momento de su vida”.
A partir de esa premisa, la especialista explicó que se deben considerar tres dimensiones: la situación, la condición y la posición de discapacidad. “Cualquiera de nosotros, en cualquier momento, nos podemos encontrar en una situación de discapacidad. No solo si le pasa algo a un hijo o a un padre, sino si uno mismo sufre un ACV, o un accidente que deje secuelas. Es una condición de salud que, en interacción con las barreras del entorno, puede derivar en discapacidad”, explicó.
Así las cosas, Spidalieri cuestionó que la recientemente sancionada ley de Emergencia se limite a garantizar el cobro de prestaciones de salud sin abordar el enfoque integral que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “¿Tiene que haber una ley de para decir que se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Esa es mi pregunta”, disparó.
Es que según la titular del COTOBA, “los legisladores, desde 2014 hasta la fecha, no hicieron absolutamente nada para evitar que hoy esté en crisis el tema prestacional de la discapacidad”. Y añadió: “Esta ley de Emergencia deja afuera a una mayoría mucho más grande de personas, que no solo requieren prestaciones de salud, sino también acceder a educación, trabajo, vivienda, vida independiente y participación política”.
Por esto, la especialista propuso adoptar el concepto de “accesibilidad universal”, entendido como “la condición que deben cumplir los servicios, programas o prácticas para ser comprendidos y utilizados por cualquier persona”. Según Spidalieri, esto implica adoptar el enfoque de diseño universal, pensado desde el origen para todas las personas, y no como una adaptación posterior.
“¿De dónde te creés que hoy salen los celulares con mensajes de voz? De los primeros teléfonos adaptados para que las personas ciegas pudieran comunicarse”, ejemplificó. En ese marco, remarcó que los llamados “ajustes razonables” son medidas específicas que garantizan igualdad de condiciones. “Si yo mido 1,30 y vengo a una entrevista, el ajuste razonable es una silla a la altura adecuada y un micrófono accesible. Esas modificaciones garantizan mi derecho a la comunicación”. sumó.
Acto seguido, enfatizó que “es la sociedad la que debe cambiar, eliminar las barreras” y señaló que la falta de accesibilidad es una forma de discriminación. “No hay inclusión posible si seguimos reproduciendo estructuras estigmatizantes y excluyentes”, dijo.
“La minoría más grande del mundo”
La presidenta del COTOBA recordó que las personas con discapacidad constituyen “la minoría más grande del mundo” y que la falta de cumplimiento de derechos abarca todo el entramado de la vida social.
En materia laboral, advirtió que en la Provincia, los expedientes para ingreso a la administración pública “pasan por una Comisión Médica ‘hegemónica’ que aplica un baremo de los años 90”, lo que obstaculiza el acceso a los cupos laborales obligatorios.
También cuestionó el régimen de talleres protegidos: “La ONU planteó en su última observación que no deberían existir, porque lo que corresponde es el acceso al trabajo, no la segregación”.
Por último, reclamó el cumplimiento efectivo de la Convención y una revisión legislativa integral: “Los legisladores, tanto a nivel nacional como provincial, deberían sentarse con sus equipos a modificar las leyes para adecuarlas a los principios de la Convención. Si no hay voluntad política, no hay garantía de derechos”.
