La deuda pendiente que nos dejó la inundación

Para algunos, el 2 de abril de 2013 quedó como un recuerdo lejano del desastre; para otros, como el triste aniversario de la pérdida de un ser querido. Para la mayoría, fue el día en que lo perdieron todo: bienes, recuerdos y la certeza de estar a salvo. Obligó a toda una sociedad a reinventarse, a aprender el significado de la resiliencia, a organizarse y luchar, primero por justicia, pero también por soluciones para el futuro.

Los platenses no estábamos preparados para lo que estaba por ocurrir. Algunos ya lo habían advertido. Incluso años antes hubo antecedentes, aunque menores. Pero tampoco estábamos preparados para dar vuelta la página con la celeridad que pretendieron las autoridades del momento, cerrando el listado de fallecidos y promoviendo un despliegue apresurado de ayuda mediante créditos y subsidios insuficientes. En el apuro, muchos de esos recursos quedaron en manos de inescrupulosos que ni siquiera se habían enterado de la inundación.

Mientras las aguas, que tardaron demasiado en bajar, retrocedían y las montañas de basura, muebles inservibles, ropa arruinada, electrodomésticos, fotos, archivos y recuerdos se pudrían en las esquinas a la espera de que un sistema de recolección desbordado terminara de limpiar las calles, surgieron mitos que hoy llamaríamos “fake news”. Se especulaba sobre cuántos muertos eran necesarios para declarar zona de desastre o emergencia, sobre la responsabilidad del Estado en reponer lo perdido y sobre los responsables, algunos de los cuales ni siquiera estaban en la ciudad en ese momento.

Las Asambleas de Inundados tuvieron un rol destacable, no solo para organizar la reconstrucción, sino fundamentalmente para hacernos entender que las obras no podían esperar. Que el plan hidráulico, ese que no se ve, que solo se pone a prueba ante la emergencia y por eso suele ser ninguneado por los gobiernos, tenía que ser prioritario para la ciudad capital si queríamos evitar un nuevo desastre. Lo que no iba a ocurrir, ahora podía ocurrir en cualquier momento. Lo sabíamos todos.

Las obras llegaron, pero fueron lentas, cuestionadas y con presupuestos insuficientes. Gracias a la insistencia de las Asambleas, a que los medios lograron mantener el caso en agenda y a que los gobiernos locales y provinciales se encontraron con un reclamo permanente que debieron atender, quedó claro que era imprescindible un “plan de contingencia” que permitiera a todos los vecinos y vecinas saber qué hacer ante un hecho similar.

Hubo intentos de hacerlo. Desde ofrecimientos de sectores que pretendieron importar el modelo de zonas caribeñas acostumbradas a fenómenos climáticos de alto impacto como huracanes y tornados, hasta la polémica “mochila”, presentada por un gobierno como solución, en la que debían tenerse preparados elementos vitales como linterna, agua potable, manta, etc.

Incluso se llegaron a dictar capacitaciones para los medios de comunicación que pretendían unificar el abordaje comunicacional, aunque sin una dirección clara ni objetivos identificables. Más tarde, quizá porque algunas obras demostraron ser efectivas al menos para drenar el agua de forma más rápida, o porque los vecinos se acostumbraron a actuar de manera colectiva cuando la lluvia empezaba a amenazar sus propiedades, o simplemente por falta de decisión política de mantener el tema en agenda, el plan de contingencia desapareció de la discusión pública.

Hoy, solo los representantes de las Asambleas de Inundados lo reclaman, aunque la necesidad de su desarrollo y difusión es más urgente que nunca. La inundación en Bahía Blanca debería servir para reactivar el debate. Si los platenses volvemos a inundarnos como aquel 2 de abril de 2013, no sabemos qué hacer, a qué centros de evacuación recurrir, qué medios de comunicación utilizar o cuáles son las zonas altas no inundables más cercanas a nuestro domicilio.

El plan de contingencia es, sin dudas, la deuda pendiente de aquella inundación.