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La politóloga Silvina Romano analiza en su nuevo libro Lawfare: la guerra por otros medios cómo el Poder Judicial y los medios hegemónicos se articulan para perseguir, proscribir y deslegitimar a líderes y proyectos populares en América Latina. En ese marco, la coordinadora del Observatorio Lawfare advirtió el vínculo de la condena a Cristina Fernández con esta estrategia de guerra judicial-mediática, denunció “el doble rasero de la justicia” y alertó sobre la “función disciplinadora del discurso anticorrupción”, que “termina habilitando gobiernos que recortan derechos y degradan la democracia”.
“La condena contra Cristina Fernández es difícil de desligar del lawfare”, comenzó afirmando la investigadora del CONICET y la CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica); al tiempo que indicó que lo ocurrido con la ex presidenta “instala con más claridad” en la sociedad argentina el concepto de “guerra judicial-mediática”; y reiteró: “Ya se venía hablando, pero con esta condena es difícil decir que no hay un lawfare”.
En su último trabajo, Lawfare: la guerra por otros medios, publicado por CLACSO y de acceso libre en la biblioteca digital del centro, Romano plantea que el fenómeno excede la judicialización de la política. “El lawfare es una guerra que se libra por la vía judicial y los medios de comunicación en contra de un sector de la política que es identificado como un enemigo a destruir”, contó. En ese sentido, destacó que “la guerra ya no es necesariamente por la vía de las armas; ahora se da por los corazones y las mentes, como decían en la posguerra en Estados Unidos, en el marco de lo que se llamó ‘guerra psicológica'”.
El libro, más allá del análisis conceptual e histórico, relaciona el caso argentino con antecedentes regionales. Por ello, Romano destacó como “en Brasil, con el Lava Jato, llevaron preso a Lula da Silva en pantuflas, lo sacaron de su casa en plena noche con todas las cámaras”; y añadió: “En Ecuador, Rafael Correa y Jorge Glas fueron perseguidos y proscritos. En todos los casos, se construyó una narrativa mediática sin respetar el debido proceso legal”.
Mientras que advirtió que “lo que termina sucediendo es que los que asumen más tarde, y ganan las elecciones, son gobiernos de ultraderecha, a quienes poco les importa la transparencia”, y sumó que “la ultraderecha no responde a normas éticas”.
“Son gobiernos que recortan la democracia y el acceso a los derechos al mínimo, como vemos en la Argentina de Javier Milei y el Ecuador de Novoa (Daniel)“, subrayó.
Así las cosas, Romano enfatizó en la función sustancial que cumple el periodismo en estas estrategias: “¿Qué periodistas están detrás de las causas contra Cristina? Siempre los mismos, que además integran consorcios de investigación financiados desde Estados Unidos”, un mapa de actores mediáticos y sus respectivos patrocinadores económicos que puede verse en la obra. Y denunció: “Hay que tener mucho cuidado. El trabajo del periodista está súper bastardeado, se paga por nota, pero eso no nos salva del rol ético del periodista, porque el daño que se puede hacer es enorme”.
Asimismo, la escritora denunció el doble estándar judicial: “Si uno analiza, las causas contra Cristina cayeron todas en el mismo juzgado de Comodoro Py, y eso es matemáticamente imposible. Lo mismo con Sergio Moro en Brasil. ¿Casualidad? No. Intencionalidad”. Y, a su vez, destacó que “la mayoría de las portadas de los diarios durante el macrismo eran sobre Cristina, no sobre lo que hacía el gobierno. Es sospechoso”.
Paralelamente, la autora subrayó que detrás del lawfare hubo un cambio estructural en el Poder Judicial que data desde la década del ’80: “Las reformas judiciales impulsadas por organismos internacionales reorganizaron los poderes judiciales para que funcionen mejor para el sector privado. Por eso hoy tenemos poderes judiciales que van a contramano de los gobiernos democráticamente electos”.
Y en medio de estos dos actores, justicia y medios de comunicación, un tercer factor: la implantación – desde Estados Unidos – en la región del discurso anticorrupción, cuando para Romana, “no es el principal problema de América Latina”, sino que “el problema es más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza”. Y añadió: “Cuando llega una elección, el tema central es si un candidato tiene causas, no cuál es su proyecto de gobierno”.
Asimismo, la obra también se detiene en el componente de género del lawfare. “Fui llegando a la cuestión de la violencia política de género por los casos. No es que me lo propuse. Dilma Rousseff, Milagro Sala, Paola Pavón. El ensañamiento es mayor cuando se trata de mujeres. En los memes, en las portadas, en los discursos, se las ridiculiza, se las desautoriza, se las criminaliza de forma más agresiva”, apuntó.
“Más allá de si te cae bien o mal Cristina, esto se trata de un uso político de la justicia que arruina la institucionalidad. ¿Quién cree ahora en este Poder Judicial? Nadie. Es el único poder que no se toca, donde los jueces ganan fortunas, no pagan ganancias y están completamente blindados”, remarcó Romano; y concluyó: “La estrategia del lawfare no sólo busca proscribir liderazgos. Busca destruir la moral del campo popular. Desmoralizar a los funcionarios, a los militantes, y hacer que la gente deje de creer en la política. Así, la democracia se reduce a su mínima expresión”.
