Juzgan a una presunta banda de falsos policías que robaba autos de alta gama

Después de una década de idas y vueltas procesales, dilaciones, faltas de mérito y una causa que pareció naufragar durante años en los tribunales penales de La Plata, este miércoles comenzará finalmente el juicio oral para una presunta organización criminal de falsos policías acusada de simular allanamientos policiales para cometer robos a mano armada, principalmente de vehículos de alta gama y camiones con mercadería en tránsito.

El debate se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal I, con la acusación a cargo del fiscal Juan Pablo Caniggia, y pondrá en el centro de la escena una investigación compleja que fue instruida por el entonces fiscal Marcelo Romero, hoy ya jubilado y quien logró reconstruir –según la hipótesis acusatoria– el funcionamiento interno de una banda integrada por al menos once hombres, con roles claramente definidos y una estructura organizada.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, la organización criminal funcionaba como una asociación ilícita estable, conformada por al menos once hombres que se habían puesto de acuerdo de manera previa para cometer delitos de forma reiterada, principalmente contra la propiedad automotor. En la cúspide de la estructura aparece Carlos Alberto Julio Locatelli, alias “El Viejo”, señalado por la Fiscalía como el jefe u organizador de la banda. Según la acusación, era el nexo central entre todos los integrantes: impartía directivas, definía los objetivos delictivos en función de la demanda del mercado negro, financiaba las operaciones y distribuía las ganancias entre los partícipes según el rol que cada uno cumplía.

La investigación reveló que Locatelli era propietario de un comercio del rubro “desarmadero”, que –siempre según la acusación– utilizaba como pantalla y engranaje fundamental del negocio ilícito. Allí se reducían los vehículos robados, se desarmaban, se adulteraban numeraciones de motor y chasis y se ocultaban autopartes para su posterior comercialización.

Como colaborador inmediato del jefe fue identificado Gustavo Horacio Branca, quien actuaba como apoyo directo en la gestión cotidiana de las actividades delictivas y en la coordinación con el resto de los integrantes.

El brazo operativo de la organización estaba integrado por los encargados de llevar adelante los robos a mano armada. En ese grupo, la acusación ubica a Federico Luis Ramírez (alias “Fede”), Leonardo Caruso (alias “Leo”), Claudio Miguel Díaz y Pedro Antonio Portolan.

El modus operandi era tan audaz como violento: simulaban procedimientos policiales mediante la modalidad de entradera. Para ello utilizaban pasamontañas, chalecos con la inscripción “Policía” en la espalda, armas de fuego y equipos de radiofrecuencia similares a los utilizados por fuerzas de seguridad. De ese modo lograban que las víctimas abrieran la puerta de sus viviendas, creyendo que se trataba de un allanamiento legítimo.

Una vez dentro, reducían a los moradores y se apoderaban de vehículos de alta gama. En otros casos, interceptaban camiones en la vía pública, secuestraban a los choferes y se llevaban tanto el rodado como la mercadería transportada.

La estructura criminal no terminaba con el robo. La logística posterior era clave para asegurar la impunidad y el rédito económico. En ese engranaje aparecen German Enrique Grossi, Ricardo Roberto Leonard (alias “Ricky”) y otros colaboradores identificados como “NN Sergio” y “NN El Polco”, quienes se encargaban del traslado de los vehículos robados y de las autopartes de origen ilícito.

El juicio se desarrollará en varias jornadas no consecutivas en el fuero Penal de La Plata. Diez años después de iniciada la investigación, el expediente llega finalmente al momento decisivo: el de la prueba oral y pública, donde se pondrá a examen no solo la responsabilidad penal de los acusados, sino también la solidez de una causa que durante años caminó por la cornisa.