Una jueza de La Plata le dio la razón a un empleado municipal de Berisso (ya fallecido), que fue engañado por un delincuente para acceder a su homebanking y así poder depositarle el premio que había ganado en un supuesto concurso, pero en realidad lo hizo para vaciarle la cuenta mediante una ciberestafa.
“La mala sangre que se hizo por una ciberestafa de casi $1 millón en plena pandemia la terminó pagando con su vida”, es la frase que se repite en el seno familiar de la víctima que, tras emprender una batalla legal contra un banco de su ciudad, no logró sobrevivir para escuchar la sentencia favorable que recibió su reclamo casi cuatro años después del hecho.
En un fallo meduloso, que pretende que las entidades bancarias modifiquen su conducta en materia seguridad de las operaciones electrónicas, el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 18 de La Plata condenó a un banco al pago de una multa de $4.000.000 más intereses, ya que permitió que los delincuentes tomaran un crédito por $460.000, pidieran un adelanto del sueldo de $10.500 e hicieran cuatro transferencias por un valor total de $470.000.
La resolución de la doctora María Verónica Leglise tiene la singularidad de que puntualiza concretamente en las falencias que posee su sistema electrónico de operaciones bancarias; y más durante las restricciones vigentes por el virus del COVID, que potenció que todos los clientes debieran acudir a la banca electrónica para poder operar.
María Verónica Leglise jueza titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 18 de La Plata.
“¿Cómo podría considerarse seguro un sistema que otorga claves en menos de 24 horas y, al mismo tiempo, permite en ese lapso obtener créditos pre acordados y también ‘adelantos de haberes’, los que en el mismo corto plazo (casi inmediatamente entre una y otra operación) puedan ser transferidos a cuentas de terceros, cuentas de destino no frecuentes y desconocidas por no habituales del mismo cliente, sin que la entidad bancaria adopte ningún reaseguro?”, planteó la magistrada antes de dar una contundente respuesta.
“Ha quedado acreditado mediante las pericias analizadas que todo el sistema informático del Banco Provincia carece de la seguridad adecuada para evitar maniobras como la que motiva estas actuaciones y que no existan situaciones de hackeos o defraudaciones o de vulnerabilidad de sus clientes”, sentenció.
Carlos Manuel Rodríguez se desempeñaba como empleado de tránsito de Control Urbano de la Municipalidad de Berisso. El 10 de septiembre de 2020 su esposa Mónica recibió un llamado a su celular por parte de un hombre que, haciéndose pasar por empleado de la empresa Telefónica Argentina, le informó haber ganado $75.000 y dos smartphones en un concurso de Movistar.
Emocionada por semejante noticia, Mónica le pidió a su marido que la acompañara hasta el cajero para acreditar ese premio en su cuenta sueldo del Banco Provincia. El estafador le dijo que era indispensable que obtuviera una clave token y luego se la facilitara. La engañó diciéndole que esos números eran los que necesitaba para hacer el depósito correspondiente. Sin saberlo, lo que realidad hizo el matrimonio fue darle el acceso pleno a la caja de ahorro para que el delincuente pudiera vaciarle la cuenta bancaria.
En su reclamo ante la Justicia, el damnificado pidió como indemnización tres veces el monto del crédito de $460.000 por daño punitivo y la repetición de los $10.500 de adelanto del sueldo con intereses.
Como medida preventiva, en 2021, la Justicia le ordenó al banco que dejara de descontarle las cuotas del crédito; a pesar de que el abogado del Banco Provincia responsabilizó exclusivamente al cliente por proporcionar sus claves de seguridad.
Además, el defensor adujo que el hombre “violó el Reglamento de Cajero Automático de no hacer operaciones por instrucciones de terceros”. En ese sentido, remarcó que no solo le facilitó sus claves, que son personales e intransferibles, a su mujer, sino también al estafador. “El sistema informático no falló. Fue por el actuar torpe o negligente del cliente”, argumentó.
Rodríguez falleció cuando ya estaba toda la prueba producida y solo faltaba dictar sentencia. Debido a la magnitud de la estafa, experimentaba a diario una profunda sensación de vulnerabilidad. El shock inicial de ver su cuenta bancaria vacía se convirtió en una mezcla de desesperación, impotencia y rabia al tener que enfrentar una deuda que no era suya.
La angustia y la preocupación por cómo resolver esta situación lo carcomía día y noche, impidiéndole descansar o encontrar paz. Su mente había quedado atrapada en un torbellino de pensamientos negativos. Con el tiempo, esa acumulación de estrés y angustia fue impactando en su salud, hasta que su corazón dejó de funcionar.
Tras su fallecimiento de un paro cardíaco repentino, su familia tuvo que realizar la sucesión de bienes para seguir adelante con el juicio y presentar a los herederos ante la justicia.
Marcelo Szelagowski abogado de la víctima de ciberstafa quien ha ganado varios juicios a entidades bancarias.
Al analizar las pruebas, la jueza Leglise consideró que “se observó un trato degradante de la entidad demandada hacia el consumidor, ya que en lugar de activar los mecanismos de seguridad en forma inmediata a la denuncia realizada por el actor o colaborar en la solución de los problemas que le planteaba ante la defraudación, se limitó a responsabilizar al cliente de la situación sufrida, asegurando su propio interés financiero en detrimento del patrimonio del actor”.
Al ser consultado al respecto, el doctor Marcelo Szelagowski, abogado del empleado municipal, señaló que “la magistrada sentenciante es un ejemplo de aggiornamiento en materia derecho del consumidor”.
“Da la impresión que finalmente la justicia ha comprendido quién es el eslabón más débil del contrato bancario, en el que los bancos han ganado miles de millones realizando todas las operaciones de manera electrónica y no quieren asumir los daños que tal actividad riesgosa genera, haciendo las inversiones necesarias para resguardar el dinero de todos los ciudadanos”, concluyó Szelagowski.
