La Unidad Fiscal Federal de delitos de lesa humanidad de La Plata incluyó en su alegato de esta tarde el caso de más de 20 hombres y mujeres de Uruguay que, en el marco del Plan Cóndor, estuvieron cautivos en las cuatro brigadas policiales bonaerenses que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar y permanecen desaparecidos.
Así lo detalló la auxiliar fiscal, Ana Oberlin, en la tercera jornada de alegato ante el Tribunal Oral Federal 1 platense, que juzga a 13 represores por delitos cometidos en cuatro brigadas policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención: el Pozo de Quilmes (Brigada de Quilmes), Pozo de Banfield (Brigada de Banfield), Brigada San Justo y El Infierno (Brigada de Lanús).
“Es un grupo muy grande de más de 20 uruguayos y uruguayas que fueron secuestradas de nuestro país y fueron llevadas al Pozo de Banfield primero, tras un paso por el excentro Coti Martínez y luego al Pozo de Quilmes, para después regresar al Pozo de Banfield, y hasta el día de hoy continúan desaparecidos y desaparecidas”, precisó Oberlin.
El 24 de marzo del año 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron el Gobierno de Isabel Martínez de Perón y se establecieron como Gobierno de facto.
Destacó que el Estado uruguayo desclasificó documentación de la dictadura y se pudieron constatar “los viajes que fueron realizados por miembros de las Fuerzas Armadas uruguayas a nuestro país”, a través del equipo de investigación histórica de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y el Registro de Viajes entre Uruguay y Argentina, realizado por miembros de las Fuerzas Armadas Uruguayas y relevados por el equipo de investigación histórica.
Esos registros prueban el viaje de militares uruguayos a Argentina en fechas coincidentes con el secuestro de este grupo de uruguayos y confirman también lo declarado por varios sobrevivientes argentinos: que los detenidos uruguayos eran interrogados por militares argentinos y militares uruguayos.
“Esto demuestra lo que venimos hablando: la coordinación represiva que hubo entre los dos países, entre Argentina y Uruguay, y entre otros países también del Cono Sur”, remarcó la auxiliar fiscal.
La fiscalía describió ya, durante tres jornadas, lo ocurrido con 252 de las 605 víctimas de este proceso.
El TOF 1, presidido por Ricardo Basílico, dispuso esta tarde pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8, cuando la fiscalía detallará cada uno de los más de 20 casos de uruguayos y uruguayas secuestradas, torturadas y en su mayoría desaparecidas en el país.
