La polémica por el cobro de nuevas tasas a los ascensores en La Plata se trasladó esta semana al Concejo Deliberante. El contrapunto se dio entre la oposición -que denunció que tres de los cinco nuevos tributos son “irregulares”- y el el bloque oficialista -que sostuvo que el intendente Julio Alak está habilitado por la actual ordenanza fiscal impositiva.
El bloque del PRO y el unibloque PRO- Libertad presentaron sendos proyectos en el Concejo para pedir explicaciones al Ejecutivo por las nuevas tasas que deben afrontar los consorcios de los edificios donde hay ascensores.
La Comuna comenzó a cobrar el último mes cinco nuevos trámites. A la tasa por habilitación de ascensores fijada en 42 mil pesos, que percibía hasta ahora, le sumó cinco cargos: 23.625 pesos por inspección de instalación de ascensor montacargas, rampa móvil y demás equipos de elevación; 11.812 pesos por reinspección de instalación de ascensores, montacargas, rampa móvil y demás equipos de elevación; 6.720 pesos por la renovación del libro de Habilitación, inspección y Mantenimiento; 1.008 pesos por rúbrica del Libro de Habilitación y 6.000 pesos por la segunda revisión de los planos.
Las tasas para edificios con ascensores en La Plata despertaron polémica.
Tanto la inspección como la reinspección están contempladas en la ordenanza fiscal impositiva 12.549/23 aprobada a fines del año pasado, aunque no venían cobrándose. Los últimos tres cargos, en cambio, son nuevos y la oposición denuncia que no son legales.
La concejala del PRO, Lucía Barbier, presentó un proyecto de decreto en el que insta al Ejecutivo a cumplir con la ordenanza 12.549 y con el artículo 193 de la Constitución Provincial, que establece que las decisiones tributarias tienen que ser aprobadas por la asamblea de concejales y de mayores contribuyentes. “Esto es sumamente irregular”, planteó la concejala tras detallar los nuevos cargos y remarcó que el Ejecutivo “no puede bajo ninguna circunstancia crear nuevos tributos que no sean validados por este cuerpo”.
Apuntó también que las tasas relacionadas con la rúbrica de los libros de ascensores van contra la ordenanza 8769 ya vigente “que promueve la creación de un libro digital y que se use un QR”.
La concejal del PRO – Libertad, Belén Muñoz.
En tanto, la edil Belén Muñoz del PRO – Libertad también cuestionó las nuevas tasas y aseguró que van en contra de la “despapelización” del Estado que se intentó con la ordenanza regulatoria. Más aún, graficó cuál es la situación actual sobre los ascensores en la capital bonaerense para mostrar que se trata de una medida meramente recaudatoria.
“En la ciudad de La Plata tenemos 7 mil ascensores registrados y operan 48 empresas que están habilitadas por el Municipio. ¿Saben cuántos inspectores tenemos? Cuatro, cuatro inspectores para recorrer toda la ciudad y revisar las instalaciones de siete mil ascensores”, señaló. Y agregó: “Justamente por este sistema cuando hay una irregularidad en un ascensor pueden llevar hasta dos años en detectarla”.
La concejala de UxP, Micaela Maggio.
La concejala aseguró que, si se implementaran los libros electrónicos, se acelerarían los tiempos y achicarían los costos. “No deberíamos cobrar estas tasas porque no es necesario enviar el inspector. Aliviémosle el bolsillo a la gente. No saquemos tasas de la galera sólo para recaudar más”, se quejó.
Por el oficialismo quien tomó la palabra fue la concejala de Unión por la Patria, Micaela Maggio, quien aclaró que “no se está creando ninguna tasa nueva sino que se está creando en los incisos 10 y 11 del título VII” de la ordenanza fiscal impositiva y que “se intimó al pago de tasas que no se estaban cobrando”. No obstante, aclaró que el expediente será debatido en la comisión de Hacienda, que está a su cargo.
