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En una nueva columna judicial, Gonzalo Escaray dio detalles del inicio del juicio contra el exjugador de Estudiantes de La Plata, Diego García.
En ese sentido, el letrado recordó que es un proceso que entre la denuncia y el inicio del juicio pasaron más de cuatro años a pesar de ser una causa que no reviste mayor complejidad, dado que hay un solo imputado y la calificación del delito es clara: abuso sexual con acceso carnal, motivo por el cual podría llegar a cumplir hasta seis años de prisión.
De todos modos, aclaró que siempre se da prioridad a causas en las que hay detenidos, cosa que no ocurre en la acusación de García ya que el futbolista siempre estuvo a derecho.
Sobre los hechos, Escaray repasó que ocurrieron en febrero de 2021 en una quinta, donde fue víctima una exjugadora de hockey de Estudiantes de La Plata.
La denunciante prestó declaración este martes en la primera jornada del juicio, donde los jueces se enteraron de los sucesos. Sobre este punto, aclaró que “los tribunales no tienen conocimiento en principio de lo que ocurrió -o al menos no deberían- y ahí se enteran de los hechos”. Es por ello que se comienza por el relato de la víctima.
En la siguiente audiencia será el turno del testimonio de los padres para que den cuenta de la extensión del año, igual de importante que la declaración de los peritos y los testigos, ya que serán fundamentales para que el fallo sea condenatorio o absolutorio.
“No se puede privatizar el proceso”
Gonzalo Escaray detalló que el futbolista intentó llegar a un acuerdo económico con la víctima, quien es representada por el abogado Marcelo Peña, para que la denuncia no avance. En ese marco, comparó esta situación con lo que ocurrió con Sebastián Villa, exjugador de Boca, que resultó absuelto y logró acordar con su víctima.
“Acá también hubo esa intención, pero los delitos no se pueden solucionar privatizándolos y ofreciendo dinero a cambio”, afirmó Escaray, que agregó: “Mucho menos se puede cambiar una declaración para favorecer al imputado” y que la persona no sea condenada.
En esa línea, amplió que “no se puede utilizar la reparación para cambiar testimonio o para que la justicia no avance” por dos cuestiones: en primer lugar, por las características del delito, ya que se trata de un caso de violación. En ese marco, relató que en los casos que se lleva a una suspensión de juicio a prueba -lo que se conoce como probation- es con delitos leves, patrimoniales o con calificación de culposos. En este caso, al tratarse de una situación de índole sexual, no es posible llegar a ese fin.
En segundo lugar, este tipo de reparaciones podrían dar lugar a que quienes tienen mayor poder adquisitivo “puedan acceder a solucionar sus problemas sólo con dinero”.

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