Escaray alertó sobre la falta de capacitación judicial en causas de abuso sexual infantil

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En su última columna judicial del año en el programa Código Baires, el abogado Gonzalo Escaray realizó un balance del funcionamiento del sistema penal y centró sus críticas en la falta de capacitación del Poder Judicial para abordar causas de abuso sexual, especialmente en lo vinculado a las pericias y a la psicología del testimonio. En ese marco, señaló que 2025 fue un año en el que “se puso un poco en el debate” la cuestión de las denominadas falsas denuncias.

Al respecto, aclaró que no lo considera “un flagelo”, pero sí “una cuestión a atender seriamente”, y remarcó que el tema comenzó a ser debatido incluso por personas “un poco ajenas a las causas penales y a cómo se van resolviendo”. Como ejemplo, se refirió a una causa resuelta recientemente, correspondiente a un proceso por abuso sexual que se extendió durante siete años.

Puntualmente, Luis Ángel Godoy, ingeniero de 41 años, fue absuelto de los cargos de abuso sexual agravado por el vínculo que pesaban sobre él desde 2018. La acusación, que sostenía que había agredido a su propia hija cuando ella tenía entre 7 y 10 años, se desmoronó ante la verdad de la única testigo que podía refutarla: la propia víctima denunciada, hoy mayor de edad.

Según relató el letrado, se trató de un expediente en el que “un hombre estuvo imputado durante siete años porque se lo acusaba de abusar de su hija”, a partir de una denuncia realizada por su ex esposa.

En ese sentido, explicó que la extensión del proceso estuvo directamente vinculada a que el imputado transitó la causa en libertad. “El proceso penal se extiende más cuando una persona está en libertad”, afirmó, y agregó que esto ocurre porque “no se le da prioridad como sí se le da a las causas en las que hay personas con prisión preventiva”.

Asimismo, detalló que esa diferencia de criterios impacta en todo el trámite judicial. “Todo lo que son las audiencias, sobre todo en juicios orales, y el trámite en general, es más lento para una persona que llega en libertad que para una que está detenida”, sostuvo.

Al tratarse de una denuncia por un presunto abuso contra una menor, recordó que fue necesario realizar una Cámara Gesell; y precisó que en ese ámbito participan jueces, fiscales, defensores, representantes del Ministerio Público y asesores de menores. De ese procedimiento surge un dictamen pericial elaborado por la Asesoría Pericial de La Plata, orientado a analizar la verosimilitud del relato.

Sin embargo, Escaray cuestionó este tipo de informes. “En muchos casos nos encontramos con dictámenes que son similares, no dicen mucho”, afirmó, y agregó que “lo poco que dicen es en favor de las consideraciones que hacen las fiscalías”.

Según advirtió, esos dictámenes no contemplan “la posibilidad de que no sea cierto lo que se está relatando”, lo que termina provocando que las causas lleguen inevitablemente a juicio oral. “Eso hace que muchas veces tengamos que llegar hasta un debate que tarda años”, sostuvo.

En relación al caso citado, consideró “inadmisible” que el fiscal desista de la acusación recién en el debate. Explicó que, en este expediente, la fiscal Arturi tomó esa decisión luego de evaluar las pruebas producidas durante el juicio, especialmente la declaración de la víctima.

Según relató Escaray, en el debate la joven declaró que “había sido manipulada y presionada por su madre para declarar en contra de su padre” al momento de la Cámara Gesell. Ya con mayor edad y madurez, la víctima fue contundente: “Mi papá no abusó de mí”, afirmó en el juicio, y explicó que su madre “me presionó, me amenazó y me manipuló” en el marco de una separación conflictiva.

A partir de ese testimonio, la fiscal no solicitó una condena. Escaray recordó que “los fiscales no están obligados a pedir una condena”, sino que deben actuar con objetividad, y remarcó que en este caso “estaba más que claro que no debía pedirla”.

No obstante, subrayó que el imputado atravesó “siete años con el temor de poder ser condenado a una pena alta”, con dictámenes periciales que avalaron la acusación y un proceso que avanzó hasta el debate oral antes de concluir en una absolución.

En ese marco, Escaray aclaró que cuando se habla de falsa denuncia se trata de “un término vulgar”, ya que jurídicamente no siempre existe ese delito. “Para que exista una falsa denuncia tiene que haber un autor anónimo”, explicó, y señaló que cuando el autor está identificado pueden configurarse otros delitos, como la calumnia o el falso testimonio.

Sobre el caso analizado, indicó que la propia fiscal terminó denunciando a la madre de la víctima por falso testimonio agravado, un delito que prevé penas de “uno a diez años”.

Finalmente, Escaray puso el acento en la falta de capacitación en psicología del testimonio dentro del Poder Judicial. Relató que durante un debate le preguntó a un perito qué experiencia tenía en esa materia y la respuesta fue que “recién estaba empezando a leer”.

En ese sentido, remarcó que en las Cámaras Gesell “es fundamental la psicología del testimonio”, ya que es necesario analizar “el contexto familiar, el contexto emocional y todas las circunstancias” en las que declara un niño o una niña. Cuestionó los dictámenes de “cuatro renglones” que no analizan hipótesis de no culpabilidad y fue tajante: “O mejoramos las pericias que se hacen o que no se hagan”.

Para cerrar, el letrado concluyó que no todos los casos son iguales y advirtió que aplicar siempre los mismos métodos y criterios conduce a los mismos resultados. “Cada personalidad es distinta”, sostuvo, y señaló que cuando se atiende todo de la misma manera “después pasan estas cosas”.