El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratifica la condena contra Cristina Kirchner e inhabilita a la expresidenta de por vida para ejercer cargos públicos, fue duramente cuestionado por el abogado Jerónimo Guerrero Iraola. En diálogo Código Baires, el letrado, integrante del CECIM La Plata y de la agrupación Desafío de Benoit, manifestó su “indignación y preocupación” por una decisión que, según dijo, “empeora aún más a la Argentina que ya teníamos”.
“Algo se rompió”, sentenció Guerrero Iraola, y explicó que el fallo representa un nuevo capítulo en lo que considera una extensa historia de decisiones judiciales regresivas. “De la Corte Suprema poco nos extraña. Es una corte que en su institucionalidad convalidó la doctrina de facto. Fue la que permitió, por ejemplo, las interrupciones al orden democrático durante todo el siglo XX, convalidando los famosos decretos y disposiciones de los gobiernos de facto”, señaló. “Estamos hablando de una Corte que en su historia tiene una extensa cadena de oprobios. En ese marco, lo de ayer fue un capítulo más nefasto”, añadió.
Para Guerrero Iraola, el impacto de la sentencia excede el caso puntual de la expresidenta. “Esto nos pone en una situación de indefensión a todos. Hay quienes están celebrando porque tienen un odio manifiesto contra la principal líder de la oposición, y desde ese odio celebran que a ella le vaya mal. Lo que no se dan cuenta es que cuando convalidamos la vulneración de garantías procesales y procesos viciados de inconstitucionalidad, lo que hacemos es ponernos todos en una situación de enorme riesgo”.
Según advirtió, “Argentina es hoy un lugar muchísimo más inseguro en términos de seguridad jurídica para todos los que quieran ejercer una actividad lícita, para todos los que quieran involucrarse en política. Y me parece que este es el mensaje más siniestro de lo que sucedió”.
Guerrero Iraola también denunció un doble estándar en el accionar de la Corte. “Nosotros, desde el CECIM La Plata, tenemos nueve recursos extraordinarios ante la Corte, desde hace cuatro años. Estamos esperando que la Corte nos habilite nada más y nada menos que investigar —no juzgar ni condenar, sólo investigar— a los torturadores de soldados durante la guerra de Malvinas. Nunca nos respondieron, no hay filtraciones, no hay fechas, no hay fallos. En cambio, con Cristina fue una silla eléctrica simbólica: ‘mirá que sale mañana’, ‘mirá que estamos reunidos’. Esto es una forma de tortura psicológica y una pedagogía del miedo. Es un estado de excepción a cielo abierto”.
Las inconsistencias de la causa
Desde lo estrictamente jurídico, el abogado también expresó serias objeciones al fallo. “Desde la dogmática penal, el fallo tiene serias inconsistencias. No tiene que ver con si te cae bien o mal la persona condenada. Tiene que ver con el Estado de Derecho. Condenar a Cristina por la ejecución presupuestaria es una bestialidad desde el derecho penal. El presidente no ejecuta el presupuesto; lo hace el jefe de Gabinete, como establece claramente la Constitución Nacional en sus artículos 100 y 101”.
“El principio que rige para todos los mortales es que todo lo que no está prohibido, está permitido. Pero en el derecho administrativo es al revés: solo está permitido lo que expresamente la norma habilita. Si la norma dice que quien debe ejecutar el presupuesto es el jefe de Gabinete, entonces no se puede responsabilizar al presidente por lo que otro funcionario debe hacer”, explicó.
Además, sostuvo que el fallo “invisibiliza el principio de que el derecho penal es de acto y no de autor”. Según su explicación, “lo que se juzga son acciones, no personas. La acción debe ser típica, antijurídica y culpable. El delito imputado es doloso, y para que exista dolo tiene que haber dominio del hecho. No puede haber condena si el fundamento es ‘no podía no saber’. Eso no es dolo, en todo caso es culpa, y para este delito se requiere dolo”.
También puso en duda la contundencia probatoria de la causa. “Si hubiera existido una sola prueba real y contundente, lo hubiéramos visto durante meses en la tapa del diario Clarín. Lo que hay son indicios. Y en un proceso penal, ante la duda, debe aplicarse el principio de inocencia. Es el Poder Judicial el que tiene que destruir el estado de inocencia del imputado, no al revés”.
Finalmente, Guerrero Iraola se refirió a lo que considera el trasfondo político de la decisión judicial. “Este es un mensaje disciplinador para todos los que caminamos el campo nacional y popular. Es un mensaje que dice: ojo si se meten con el poder real, si se meten con las AFJP, con los medios hegemónicos, con la soberanía energética o espacial. Si se atreven a lanzar satélites o a recuperar YPF, van a tener problemas. Acá lo que hay es una silla eléctrica simbólica para la principal referenta de la oposición y la dirigente política que más votos junta del otro lado. Tenemos que decir nunca más también a los aprietes mafiosos de la derecha”.
En el cierre de la entrevista, el abogado vinculó esta avanzada judicial con la represión estatal y el contexto político actual. “Esto se da en una coyuntura en la cual el aparato represivo está desbocado. El gobierno sabe que su modelo no cierra sin represión. La represión del pueblo y el encarcelamiento de la principal líder opositora son dos caras de una misma moneda”, concluyó.
