César Emanuel Castaño es juzgado en La Plata acusado de ser el asesino del jubilado de YPF César Chamorro y dos asaltos en comercios de Berisso durante el año que estuvo en libertad. En las últimas horas declaró en el juicio oral y se desmarcó del crimen, pero confesó los robos. Una prueba de ADN, clave para la defensa.
Castaño está procesado por “homicidio criminis causa”, delito que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua. También por dos hechos de robo agravado por el empleo de arma blanca. La defensa está en manos de los letrados Julián Rimada y Martina Raffetto. La acusación es impulsada por la fiscal de juicio del departamento judicial de La Plata Helena De La Cruz.
El acusado pidió declarar. Se sentó frente al jurado ciudadano y contestó las preguntas de ambas partes. Dijo no ser el autor del crimen y contó con detalles dónde estaba y con quién al momento del hecho. Lo mismo explicó en relación a horas y días posteriores.
Según su versión, al momento del crimen, estaba buceando en Facebook y luego siguió con “jueguitos”. Más tarde salió de su casa a comprar “un vino” y cuando volvió encontró la cuadra llena de patrulleros. Preguntó qué había pasado y volvió a su casa donde le dijo a su familia: “Mataron a Chamorro”.
Helena De La Cruz, fiscal de juicio de La Plata, a cargo de la acusación por el crimen del jubilado de YPF en Berisso.
Esa secuencia fue confirmada por los familiares del acusado que también declararon en el debate oral.
Durante la audiencia de este jueves fiscalía y defensa realizaron una estipulación probatoria, un acuerdo de no discutir algo probado, que es el resultado del estudio de ADN realizado sobre el arma homicida en la que “no” se halló material genético del acusado.
Tras el ataque el asesino escapó y dejó el arma en la escena del crimen. En la misma se encontró ADN de la víctima y de otro hombre que no pertenece al acusado. Durante la investigación el acusado no se opuso a que le extraigan muestras para estudios genéticos y el resultado dio negativo.
El abogado Julián Rimada dialoga con su asistido César Castaño.
Los investigadores hallaron ADN en la hoja del cuchillo, en las uñas de la víctima y en un pañuelo. Ninguna de las muestras es coincidente con Castaño, una prueba de importancia central para la teoría del caso, según considera esa parte.
También se hallaron dos muestras de ADN completas en la intersección entre la hoja y el mango de la cuchilla que tampoco coincide con el del imputado.
Tras agotar la prueba de la causa por el homicidio comenzó a ventilarse en juicio oral otra causa por dos hechos de robo con arma blanca. Según la acusación el primero de ellos ocurrió en un almacén de 152 entre 8 y 9 y el segundo se registró en un kiosco de 151 entre 8 y 9.
Pese al consejo de la defensa de mantenerse en silencio por esta causa, el acusado pidió la palabra y admitió haber cometido los dos delitos en el año 2019, durante el tiempo que estuvo excarcelado. “Cuando uno se equivoca hay que hacerse cargo”, señaló y volvió a su silla junto a sus defensores.
Luego agotar la etapa de prueba las partes desarrollarán sus alegatos. Tras los mismos el juez técnico impartirá las instrucciones al jurado popular conformado por doce ciudadanos titulares y seis suplentes quienes se retirarán a deliberar.
Tras la deliberación se conocerá el veredicto: culpable o no culpable. En el primero de los casos deberán explicitar de qué delitos. Cabe mencionar que para lograr una condena de prisión perpetua debe existir unanimidad de criterio, es decir, doce votos en el mismo sentido, caso contrario se aplicará una condena temporal por el delito votado en mayoría.
Ramiro Fernández Lorenzo, juez técnico del juicio por jurado popular.
El próximo paso es una audiencia de cesura donde las partes evaluarán agravantes y atenuantes de la pena y solicitarán la misma. El acusado lleva siete años en prisión preventiva. La defensa tendrá la posibilidad de recurrir en queja a instancias superiores si así lo considera.
En caso que el veredicto por el homicidio sea “no culpable” el expediente queda cerrado definitivamente y el Ministerio Público Fiscal no tendrá la posibilidad de ir con sus planteos ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires.
