Este miércoles será un día clave en la causa que investiga el presunto pedido de sobornos por parte de la administración del exintendente de La Plata, Pablo Bruera (2007-2015), para rezonificar tierras. Tal como informó un portal local de noticias, desde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 citaron a declarar al denunciante Guillermo Andreau para ampliar su testimonio y, eventualmente, aportar nueva información, más documentación o un listado de nuevos testigos.
El caso se inició en el año 2014 a raíz de una denuncia del empresario Andreau, quien intentó rezonificar tierras para volcarlas al mercado inmobiliarios (para ser vendidas a beneficiarios del exitoso plan de viviendas Procrear del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) pero recibió un pedido de sobornos para que el trámite se efectivice. Fue un escándalo.
Cabe señalar que tres jueces de la ciudad dispusieron la reapertura de la investigación por presuntos pagos de sobornos y asociación ilícita en la Municipalidad local durante el gobierno del exalcalde platense. La medida se conoció luego de la sentencia que formó parte de la resolución en la que fue condenado en primera instancia Mariano Bruera a una pena de seis años de prisión y diez años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados “reserva urbana” y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas. Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado durante la gestión del exintendente Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que el empresario recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.
Este miércoles declara el denunciante en la causa que investiga a Pablo Bruera por corrupción.
“Yo había terminado los trámites de rezonificación, esa noche estaba con amigos tomando café en Bliss”, la tradicional cafetería de City Bell, “y recibo un llamado telefónico, salgo para hablar y cuando regreso les comento ‘estos bandidos me quieren coimear’ (para que se aprueben los expedientes de rezonificación), a lo que el martillero Santiago Mamberto me aconseja que radique la denuncia, así empezó todo”, recordó el denunciante.
“Cuando fui a denunciar, el fiscal (Jorge) Paolini me dijo ‘todos sabemos que en La Plata hay mucha corrupción, pero nadie se anima a denunciarla’, y enseguida me dijo si aceptaba que me intervengan el teléfono y acepté. Yo nunca pensé que los iba a meter presos a todos, yo lo único que buscaba era que frenaran con los pedidos de coimas”, aseguró Andreau.
Con la denuncia radicada, siguió los consejos del fiscal, quien le dijo “hablá por teléfono con todos” y así se obtuvieron las escuchas telefónicas. En ese derrotero de relaciones para lograr que avance la investigación, lo fue a ver al exfuncionario Jorge Campanaro. Cuando le comentó la situación, escuchó lo que se imaginaba. Según declaró bajo promesa de decir la verdad, sostuvo que Campanaro le respondió: “Esto es una colaboración que hay que hacer, dejame ver que lo voy a hablar con Pablo”, en relación al exintendente Pablo Bruera, hermano de Mariano, uno de los acusados.
Los jueces del Tribunal Oral Criminal II de La Plata, Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Hernán Decastelli, hicieron lugar al pedido de la fiscal de juicio Victoria Huergo para que se reabra la investigación.
En otro pasaje de su relato, Andreau recordó otra promesa de Campanaro, quien le dijo según sus dichos: “Ahora Pablo (Bruera) está ocupado, dejame hablar con él para ver qué quita te podemos hacer”. Además, aseguró que el exfuncionario municipal tuvo un crecimiento exponencial en muy poco tiempo de su patrimonio personal y rememoró que existieron quejas por construir edificios sin tener las habilitaciones aprobadas. Sobre el pedido de coimas que recibió, dijo: “Me cuesta creer que todo termine en Campanaro”, en referencia a que tiene la sospecha personal que la mayor parte de la presunta recaudación de sobornos terminaba en manos del entonces intendente.
Por estos dichos es que la fiscal solicitó que se extraiga copia del testimonio y se remita a la fiscalía en turno para que se abra una investigación sobre el exconcejal radical, abogado y empresario Campanaro, quien fue uno de los fundadores del Frente Renovador Platense con el que Pablo Bruera llegó a la intendencia de La Plata en el año 2007 y se despidió de ella en diciembre de 2015.
Los jueces del Tribunal Oral Criminal II de La Plata, Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Hernán Decastelli, hicieron lugar al pedido de la fiscal de juicio Victoria Huergo para que se reabra la investigación y se siga en línea ascendente de mando. La medida también alcanza a particulares que (se sospecha) habrían pagado coimas para lograr las rezonificaciones de sus tierras para volcarlas al mercado inmobiliario.
“Dispónese que se extraigan copias de la totalidad de la causa, conforme lo solicitado por la Sra. Fiscal de Juicio, y se remitan a la instancia de instrucción para que se pueda proseguir con las investigaciones y responsabilidades de los funcionarios públicos mencionados a lo largo del debate: Jorge Campanaro, (el abogado Lorenzo Jorge) Tomasi y Pablo Bruera incluso, como así también de los particulares involucrados”, ordenaron desde la magistratura, según se detalla en la puntillosa resolución a la que accedió un portal local de noticias. La medida también puede alcanzar al ex funcionario Ricardo Ridick.
Los nombres de estos ciudadanos aparecen apuntados en la explosiva planilla Excel (que según la fiscalía acredita el pedido de sobornos) secuestrada en el marco de la investigación que llegó a juicio oral y finalizó con condena para los dos exfuncionarios Mariano Bruera y Enrique Sette.
La denuncia del empresario Guillermo Andreau destapó el escándalo de corrupción, que tiene en la mira al ex intendente platense Pablo Bruera.
La sentencia fue unánime pero el voto fue redactado por el juez Bernard quien consideró que al momento de la denuncia de los hechos juzgados “existía una administración municipal corrupta enquistada en funcionarios públicos, con distintos roles y funciones que se dedicaban a cobros indebidos de sumas dinerarias para otorgar la rezonificación de terrenos”.
Para el juez, “en esta organización delictiva se encontraban funcionarios de alto rango dentro de la escala jerárquica del municipio y operadores de menor jerarquía para lograr estos fines espurios”. En la resolución se deja en claro que existían dos ventanillas de cobros de sobornos: “Por un lado”, la de Enrique Sette, Roberto Moreno, Raúl Moratti y Christian Ybarra, pero “por otro lado, la de (Jorge) Campanaro, que según sus aseveraciones tenía acceso directo e inmediato con el intendente Pablo Bruera”.
