En medio del conflicto por la intervención del Club Santa Bárbara de La Plata, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) publicó una nueva resolución en las últimas horas indicando que la convocatoria a asamblea del próximo jueves para elegir autoridades no tiene ningún tipo de validez.
Pese a que a mediados de mayo se ordenó la intervención de la institución de hockey, la comisión directiva desoyó la solicitud de la DPPJ, entidad encargada de organizar el registro y matrícula de las asociaciones civiles en el territorio bonaerense, y llamó al acto asambleario para el próximo jueves 11 de julio.
Desde la Dirección Provincial de Personas Jurídicas presentaron una resolución este jueves que declara que “todo lo que se resuelva en el mentado acto asambleario será irregular a los fines administrativos” luego de la decisión de la comisión directiva de mantener la discrecionalidad en la convocatoria a asamblea, pese a no tener la anuencia del Órgano de Control Societario ni de la justician civil y comercial pertinente.
“Dicho en otras palabras, caída la comisión directiva, caída la convocatoria a la asamblea en cuestión”, marca el expediente. Vale recordar que la intervención había sido dictaminada debido a una serie de irregularidades y a la no convocatoria a elecciones en los plazos correspondientes.
La comisión directiva del Club Santa Bárbara de La Plata convocó a una asamblea a pesar de que se ordenó la intervención de la institución por irregularidades.
En diálogo con un portal local de noticias, Ana García Munitis, una de las socias caracterizadas que había solicitado la intervención, expresó: “Están desoyendo todas las indicaciones de Personas Jurídicas. Ellos siguen como si no hubiese habido ninguna resolución intermedia. Nuestra única solicitud había sido que se llamara a elecciones de manera correcta, en tiempo y forma”.
La referente de los socios fundadores de la institución que se oponen a la continuidad de la actual comisión directiva explicó que quieren saber “qué pasa con el dinero de las cuotas y quiénes integran el padrón”. A su vez, entienden que con la apelación a la intervención, los directivos no hacen más que dilatar el proceso.
En base a la decisión judicial, la DPPJ fundamentó que “para la convocatoria a elección de autoridades contaban con tres meses a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico (31 de octubre), sosteniendo su criterio en las facultades de interpretación que detenta la Comisión Directiva sobre los articulados del propio estatuto social y su reglamentación”.
Vale recordar que, a comienzos de abril, el organismo bonaerense intimó a la actual CD del club, a pedido de un grupo de socios, por supuestas irregularidades. En aquella oportunidad, el presidente del Club Santa Bárbara, Rául Arrarás, explicó que “había un llamado a Asamblea a medio término, que estaba fuera de término, para diciembre pasado. Un grupo de socios consideró que teníamos el mandato vencido”.
Y agregó: “En este caso, un artículo del Estatuto dice que el mandato es por dos años, pero en otro que afirma que la Directiva tiene que realizar el pedido a Asamblea dentro de los 90 días posteriores al ejercicio. Este fue el 31 de octubre con lo que los plazos se cumplían el 31 de enero de este año; aunque hay otro artículo que sostiene que la interpretación del Estatuto le corresponde la CD”.
Arrarás había planteado previamente que “se lo explicamos al grupo de socios personalmente. Ellos insistieron que el mandato estaba vencido, nosotros le dijimos que no era así y que además el 75 por ciento de la historia del club se hicieron con mandato vencido por lo que en general el 31 de enero está el tema de las vacaciones se hacen en febrero o en marzo. Un ejemplo es mi caso que yo asumo por primera vez como presidente del club, un 6 de marzo justamente ganándole las elecciones a socios fundadores en la primera Asamblea histórica del club donde hubo un acto eleccionario teniendo en cuenta que eso también fue con mandato vencido”.
