Una condena de ocho años de prisión recayó sobre uno de los asaltantes más jóvenes que ingresó a la vivienda de una familia de quinteros, a la que redujeron, agredieron y despojaron de todas sus pertenencias. La sentencia fue dictada de manera unánime por el Tribunal Oral Criminal 1 de La Plata.
Javier Alejandro Bustos (20) deberá purgar una pena de ocho años de prisión por el delito de robo agravado por el uso de armas de fuego y blanca, por un hecho ocurrido en la noche del 14 de marzo de 2021 cuando unos cuatro delincuentes ingresaron a la vivienda familiar mientras un quinto cómplice esperaba en un auto.
Los delincuentes redujeron a las víctimas, cuyas identidades se mantendrán en reserva. Al hombre lo lesionaron con un cuchillo y lo golpearon con un arma de fuego. A su esposa la redujeron apoyándoles un arma blanca en el abdomen y la amenazaban de muerte.
Los asaltantes se apoderaron de un televisor led de 43 pulgadas, un teléfono celular, dinero, una consola de videojuegos Play Station 2 y un bolso con ropa. Con el botín en su poder empredieron la fuga a bordo de una Fiat Siena que abandonaron a las pocas cuadras. Las víctimas recuperaron parte de lo sustraído.
La condena fue dictada en el Tribunal Oral Criminal I de La Plata
Tras analizar toda la prueba la fiscal de juicio Victoria Huergo valoró como agravantes de la pena “la pluralidad de intervinientes con un alto nivel de organización (eran 4 o 5) con un auto esperando afuera, la extensión del daño económico causado en función del patrimonio de las victimas que son humildes y les llevaron todo y la violencia desplegada”.
Victoria Huergo, fiscal de juicio de La Plata
La jueza Cecilia Sanucci junto a los jueces Hernán Decastelli y Ramiro Fernández Lorenzo hicieron lugar a ese pedido. Como atenuantes de la pena solo computaron la carencia de antecedentes penales del acusado y dictaron la sentencia mencionada.
El hecho ocurrió en plena etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) dictado por la administración de Alberto Ángel Fernández como consecuencia de la pandemia derivada del Covid-19 causante de la enfermedad coronavirus.
La causa fue instruida por la fiscal Norma Adriana Pippo de la Unidad Funcional de Instrucción 2 con asiento en la localidad de Cañuelas.
