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Este miércoles , desde las 13, la Cámara de Diputados sesionará para tratar el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, entre otros temas. En paralelo, una multitud volverá a concentrarse frente al Congreso para defender la universidad pública, en una nueva Marcha Federal que reunirá a estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, sindicatos y dirigentes políticos. Entre ellos, confirmó su presencia el gobernador bonaerense Axel Kicillof, junto a la CGT y las dos CTA.
La movilización tiene antecedentes inmediatos: en abril y octubre de 2024 ya se habían realizado protestas masivas por el ajuste presupuestario, siendo las dos concentraciones más numerosas de los últimos tiempos. Ahora, el reclamo vuelve a crecer, con un escenario de recortes cada vez más profundos.
El respaldo social a la universidad pública
La Marcha Federal llega con un fuerte respaldo de la opinión pública. De acuerdo con la encuesta de Proyección, dirigida por Santiago Giorgetta y Manuel Zunino, la universidad pública no solo mantiene niveles altísimos de valoración, sino que además se consolida como una de las instituciones con mayor consenso en la sociedad.
El estudio muestra que el 89% de los consultados tiene una visión positiva de las universidades nacionales: un 53,1% respondió que la imagen es “muy buena” y un 35,8% dijo que es “buena”. Apenas un 8,5% se expresó con opiniones negativas. En tanto, un 94% consideró que son fundamentales para el desarrollo del país, una cifra casi unánime.
Cuando se indagó sobre el rol que cumple la universidad pública, los principales conceptos son “igualdad de oportunidades” (63,1%) y “excelencia académica y formación de profesionales” (62,5%). Muy lejos quedan los discursos que buscan desprestigiarla: solo un 19,2% la asoció con militancia política y apenas un 3,7% la calificó como “un gasto innecesario del Estado”.
Ese reconocimiento se traduce en un fuerte rechazo al veto presidencial: apenas un 26% se mostró de acuerdo con la decisión de Milei, frente a un 68,7% que la rechazó. Incluso, un 71,2% opinó que la medida impacta negativamente en la imágen pública del mandatario. En línea con ello, un 83,6% de los encuestados se declaró en favor de que el Estado financie las universidades y promueva el acceso gratuito, mientras que sólo un 13,4% estuvo en contra.
El discurso oficial y las auditorías paralizadas
El presidente Milei ha insistido en que las universidades se resisten a ser auditadas. “Si no quieren ser auditados es porque están sucios”, sostuvo en un acto en 2024. Sin embargo, el organismo encargado de estas revisiones, la Auditoría General de la Nación (AGN), se encuentra prácticamente paralizado: de los siete auditores generales que deberían integrar su conducción, sólo uno está en funciones. La designación de los restantes depende de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, Martín Menem y Victoria Villarruel, que aún no convocaron a la discusión.
Mientras tanto, las consecuencias del ajuste se sienten en el territorio. La Universidad Nacional de Entre Ríos perdió 131 docentes en un año y medio; en la del Litoral se registraron 151 renuncias y decenas de licencias sin goce de sueldo. La Universidad Nacimiento de La Matanza frenó la construcción de un centro de salud y de instalaciones para la carrera de Odontología, mientras que los pedidos de becas estudiantiles crecieron un 350%. En Mar del Plata se detuvieron obras de investigación marina y en Bahía Blanca se paralizaron programas de becas.
El presupuesto 2026: promesas y recortes
En cadena nacional, Milei aseguró que el Presupuesto 2026 contempla aumentos en las partidas para educación y ciencia. Sin embargo, un análisis del físico Jorge Aliaga y del grupo de investigación EPC revela que, en términos reales, los fondos se reducen fuertemente.
La Agencia Nacional de Promoción Científica recibiría unos 170 mil millones de pesos, casi el mismo monto que en 2024 y 2025, pero sin actualización por inflación. Con esos recursos apenas se cubren salarios y becas mínimas, dejando sin financiamiento a la mayor parte de los proyectos de investigación. El Conicet, en tanto, tendría un incremento nominal del 40%, pero en la práctica eso significa una caída real superior al 20%.
La situación se agrava por la derogación del artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, que garantizaba un piso de inversión del 6% del PBI, y de varios artículos de la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que establecían aumentos progresivos hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Proyecciones de EPC indican que, de mantenerse esta tendencia, en 2026 la función Ciencia y Técnica representaría apenas el 0,149% del PBI, la cifra más baja en más de tres décadas, con un recorte del 50% en términos reales respecto a 2023.
En paralelo, el programa de becas universitarias (una herramienta clave para garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes de bajos recursos) quedaría virtualmente congelado, con un presupuesto que solo cubriría alrededor de 45 mil beneficiarios, cuando hoy la demanda supera los 200 mil.
La pulseada en Diputados
El debate legislativo será determinante. Para rechazar los vetos se necesitan dos tercios de los votos, una cifra difícil de alcanzar en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo busca retener al menos el tercio que le permita sostener la medida. La oposición confía en que la presión social, expresada en las calles, incline la balanza.
Mientras el Gobierno despliega un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso, con más de 1.000 efectivos, la universidad pública vuelve a ser el epicentro de una discusión que excede lo presupuestario: se trata de su rol como herramienta de inclusión, movilidad social y motor de la ciencia y la tecnología en la Argentina
