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Clausuraron por tercera vez en el año un loteo ilegal en La Plata

Vecinos de Ignacio Correas denunciaron que un desarrollo privado llamado “Las Esmeraldas” sigue construyendo a pesar de la clausura.

Por tercera vez en el año, las autoridades de la Municipalidad de La Plata clausuraron un loteo ilegal conocido como “Las Esmeraldas”, que se desarrolla en medio de una fuerte polémica en la localidad de Ignacio Correas, al sur de La Plata; y es rechazado por los vecinos.
Pese a las reiteradas presentaciones de quienes viven en la zona y la intervención de la Comuna, las obras continúan como si nada hubiera pasado. “Al otro día sacan la faja y siguen trabajando como si nada”, sostuvieron al respecto los integrantes de la Asamblea Vecinal Cuidemos Correas que dialogaron con un portal local de noticias.
El desarrollo apuntado se encuentra en 132 entre 706 y 707 y fue cerrado en abril, junio y julio de este año, luego de las denuncias elevadas por los frentistas. La última intervención ocurrió el último lunes, cuando agentes de la Policía Bonaerense detuvieron a dos camiones que se dirigían al lugar para continuar realizando tareas de relleno y aprehendieron a dos personas por “resistencia a la autoridad”, según revelaron los vecinos.
Señalado en rojo se encuentra el perímetro del desarrollo “Las Esmeraldas”, que mantiene alerta a los vecinos.
“Esta gente compró una hectárea rural y la quieren dividir en 36 lotes. Eso significa 36 pozos de baño, 36 excavaciones y una cantidad de gente que no vamos a permitir en el pueblo”, sumaron y, en la misma línea, contaron que “el lote era de un hombre que falleció, el hijo lo vendió y hasta está mal de papeles”. “Va a terminar siendo una villa”, cuestionaron.
En un radio de 7 hectáreas a la redonda del emprendimiento “no viven ni 35 personas”, sostuvieron los alarmados miembros de la organización y agregaron: “La comunidad está bastante cansada. Es algo que no vamos a permitir. Se creen que pueden luchar contra un pueblo entero”.
El emprendimiento prevé la creación de al menos una treintena de lotes para construir viviendas, pero se encuentra en una zona protegida.
La pasada clausura tuvo lugar el 8 de julio, luego de que la Policía se viera obligada a intervenir. En aquella oportunidad la Comuna labró una contravención al desarrollador por “avance de obras a pesar de poseer clausura preventiva con fecha 17 de abril y pos fajas de clausura preventiva con fecha 5 de julio”, según dice el documento que firmó el director General de Hábitat, Edwin Arias Romero, y al que accedió este medio.
El sitio se encuentra dentro de la zona protegida que conforma el humedal del Arroyo El Pescado desde que fue modificado el Código de Ordenamiento Urbano. Desde entonces se han clausurado una gran cantidad de desarrollos irregulares contra los cuales también luchan los habitantes de Ignacio Correas, donde viven de forma permanente menos de 200 personas. “Ya paramos algunos (desarrollos privados) pero este se nos está complicando por de más”, advirtieron.
Según se publicita tanto en Facebook como en Instagram, los encargados del desarrollo ofrecen cada uno de los terrenos en sumas que rondan entre 4.500 y 5.000 dólares.
En 2023 y también en lo que va del año, se clausuró en la misma zona el loteo publicitado como “Altos de Correas”, comercializado, a diferencia de “Las Esmeraldas”, por tres inmobiliarias. Los vecinos denunciaron en un comunicado que, pese a que el emprendimiento inmobiliario fue clausurado el año pasado, “las inmobiliarias Zingoni Propiedades, Bifano Propiedades y Saucedo Inmuebles continúan con la comercialización en portales online y redes sociales, convocando incluso a realizar visitas en el lugar del que fueron sacadas las fajas de clausura, en incumplimiento del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial de La Plata (COUT) y del Código de Ética profesional incurriendo incluso en publicidad maliciosa”.
El loteo ilegal de “Las Esmeraldas” fue clausurado tres veces en lo que va del año, pero los desarrolladores continúan con las obras.
También remarcaron que “aún no se ha resuelto la problemática de fondo, ya que el loteo, que se encuentra en un lugar de alto riesgo de inundaciones (según el estudio realizado por la UNLP), no se ajusta a las leyes actuales de ordenamiento territorial, ni cuenta con los estudios de impacto ambiental necesarios que aseguren la preservación de la planicie de inundación del Arroyo el Pescado, cada vez más vital en el contexto de los eventos climáticos que se están registrando en la región”.
“Por todo esto que se espera que las autoridades del Colegio Profesional de Martilleros actúen con celeridad tomando las medidas correspondientes ante estas irregularidades, asegurando la defensa de los intereses de la comunidad en la prestación de los servicios que brindan sus matriculados, tal como corresponde a su misión de Ley”, concluyen.
En la Comuna explicaron a un portal local de noticias que “son alrededor de 400 los barrios que no están habilitados o presentan irregularidades” en todo el distrito y que “si bien hay casos que están comprendidos en ordenanzas de excepción, estas normativas no son convalidadas por la Provincia, por lo tanto no son aplicables a la ley 8.912 de la provincia”.
En este punto, las fuentes municipales aclararon que la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial emitió varios dictámenes en los que les pidió a la gestión de Julio Garro, antecesora de la actual de Julio Alak, que no sancionara ordenanzas para cada loteo sino que tratara todo en un proyecto integral que esté comprendido en el COUT, es decir que no apruebe barrios cerrados sino que los trate por la Ley 8.912 y se abstenga de este tipo de acciones.
Los vecinos de Ignacio Correas llevan meses organizándose y combatiendo los loteos ilegales en la zona.
En este sentido, aclararon que desde que asumió Alak se realizó un relevamiento integral de todos los casos y se va a presentar ese trabajo con las 26 ordenanzas no convalidadas al gobierno bonaerense para que el Ministerio de Gobierno “brinde un dictamen técnico definitivo en pos de resolver el camino a seguir”. También remarcaron que la actual gestión está “muy preocupada” por el tema y, en especial, “por el impacto territorial ambiental que pueden causar sobre áreas productivas y también en infraestructura urbana y transporte, entre otras cuestiones”.

Fuente: 0221

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