Avanza una nueva denuncia por la trágica inundación de La Plata

La nueva denuncia por la trágica inundación de La Plata que busca profundizar las responsabilidades políticas del entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el ex intendente, Pablo Bruera, finalmente recayó en la la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 5 a cargo del fiscal Juan Menucci. 

Según  trascendió, el fiscal ya analizó la demanda presentada por Ricardo Wagner, abogado y una de las víctimas de la inundación, y comenzó a diagramar el plan de trabajo que incluye indagar en los tres niveles del Estado.

Asimismo, Wagner fue aceptado en la justicia como “particular damnificado” y se transformó en un acusador privado dentro del proceso penal. Luego de una extensa batalla legal y ante la falta de respuestas judiciales, presentó una nueva denuncia penal para que se investiguen las responsabilidades políticas de la fatalidad.

Además, el letrado pidió que se convoquen a peritos de Gendarmería Nacional para que analicen toda la documentación recabada en los expedientes de los fueros Penal, Contencioso Administrativo y Civil Comercial que se abrieron tras la inundación.

En esta nueva demanda se requirió el procesamiento del actual funcionario de Javier Milei, Daniel Scioli, y del ex alcalde local, Pablo Bruera. Pero también se pidió la declaración testimonial del actual gobernador Axel Kicillof, para que explique el estado de avance de las obras hidráulicas durante los primeros cuatro años de su mandato.

Cabe recordar que la Justicia reconoció al menos 89 personas fallecidas en el marco de aquella inundación, pero una investigación periodística publicada en el libro “2A. El naufragio de La Plata”, escrito por Josefina López Mac Kenzie y Martín Soler, estableció un número mayor de víctimas fatales.

Asimismo, en un juicio abreviado, en marzo del 2019, se condenó a un funcionario municipal de menor rango, concretamente Sergio Lezana, director de Defensa Civil, y el caso quedó cerrado. La pena a cumplir fue un año de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y el pago de una multa de $12.500.