El 1 de septiembre de 2022 no fue un día más en la historia del país. Esa noche intentaron asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando regresaba a su departamento en el barrio porteño de Recoleta. El cimbronazo político fue de tal magnitud que repercutió a escala global. Además, el presidente Alberto Fernández dictó el Decreto 573/2022 que declaró feriado nacional el 2 de septiembre con el objetivo que “el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio al atentado (…), y pronunciarse en defensa de la paz y la democracia”, según se publicó en el Boletín Oficial. Uno de los abogados de la querella dio detalles al sitio Letra P.
La causa principal fue parcialmente elevada a juicio oral. En ese tramo serán juzgados integrantes de la denominaba “Banda de los copitos”, que tiene como protagonistas a los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio, y a Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario. Ese tramo del expediente quedó radicado en el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, para llevar a cabo el debate. Pero quedó abierta una segunda etapa en la que se indaga sobre las presuntas responsabilidades políticas detrás del atentado. Para la querella existen vínculos entre los agresores con el empresario Nicolás Caputo (exministro de Mauricio Macri), el diputado nacional del PRO, Gerardo MilmanPatricia Bullrich.
A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad.https://t.co/HDXPdeW3z2
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José Manuel Ubeira, uno de los abogados querellantes, afirmó que la jueza federal María Eugenia Capuchetti “no tiene intenciones” de profundizar la investigación del intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022 y consideró que la elevación a juicio oral y público del expediente por parte de la magistrada “no beneficia a nadie”.
“Nunca en la historia de la humanidad, desde el imperio romano a la actualidad, hubo un magnicidio con un entramado político detrás, esta es la primera vez, pero la jueza no quiere investigar y un dato que no es menor, la candidata presidencial Patricia Bullrich aún no repudió el atentado contra la vida de la Vicepresidenta”, remarcó Ubeira en diálogo con ese medio.
“En Argentina, la presidenta del mayor Partido de la oposición (PRO) y pre- candidata a la presidencia, @PatoBullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner… https://t.co/i8kvzPWDLY
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“Más que una investigación, ha habido un encubrimiento por parte del Poder Judicial. No quisieron avanzar en cosas fundamentales. Esta elevación a juicio oral no beneficia a nadie. La jueza federal se sacó una papa caliente de encima porque no tiene la intención de investigar la causa”, sostuvo el letrado y añadió: “Hay medidas de prueba que son fundamentales y no se tomaron. Los acusados tienen vinculaciones con las personas que no forman parte de esta elevación. Nosotros lo que pedimos es que se hiciera una pericia caligráfica, para ver si las improntas de escritura de un papelito donde se lee ‘reglas de Tueller’ le pertenecen a Brenda Uliarte y no se hicieron”. La regla de Tueller es un protocolo que se enseña en las academias policiales en Estados Unidos y que Patricia Bullrich quiso introducir cuando fue ministra de Seguridad.
Finalmente, el abogado querellante lamentó la resolución de Capuchetti, al evaluar que de esta forma “no habrá justicia para Cristina Fernández de Kirchner en ningún sentido”.
PRUEBAS EN CARPETA
Una de las medidas más solicitadas por la querella es la apertura del teléfono del diputado nacional
, quien el 22 de agosto último se presentó en el juzgado de Capuchetti, a través de su abogado, para entregar su celular. Sin embargo, advirtió que no avala la orden del análisis de su contenido, que apelará a la Cámara de Casación porque entienden que se están violando sus garantías constitucionales y porque requiere que se cumpla el procedimiento establecido en la Ley de Desafuero.
El celular quedará bajo custodia judicial hasta tanto se esclarezca la situación del legislador, quien ingresó a la lista de sospechosos tras la declaración de un empleado legislativo quien escuchó decir al diputado: “Cuando la maten yo voy a estar rumbo a la costa”. Tras el intento de magnicidio se mostró con actividades políticas en la localidad de Pinamar.
EL EXPEDIENTE RUMBO AL JUICIO ORAL
La jueza Capuchetti respondió a los planteos de la querella y señaló que “la oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar”, según surge de su resolución.
“La querella manifiesta que no luce desproporcionado el plazo de detención que vienen sufriendo los imputados y que por lo tanto debería priorizarse la persecución de una eventual elevación total de la causa. Sin embargo, como las defensas de los tres encausados vienen señalando en sucesivas presentaciones, se impone un rápido avance a la siguiente etapa”, planteó la jueza y agregó: “Máxime ello, teniendo en cuenta que las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los tres procesados”.
¿Entendés por qué en Comodoro Py no se investiga a fondo el intento de magnicidio?
⁰Impresiona el entramado mafioso, pero como siempre: Todo hace juego con todo.https://t.co/fWz5qkm1L8 pic.twitter.com/OJwHdX8B3w— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 5, 2023
En otro tramo de su resolución, la jueza expresó que “no resultan novedosas” las cuestiones planteadas por la acusación privada a la hora de oponerse a la elevación a juicio: la querella había reclamado que se avanzara con otras líneas investigativas antes de elevar la causa a juicio, como la ‘pista Milman’ (por los dichos del diputado Gerardo Milman en un bar y el testimonio de su exsecretaria Ivana Bohdziewicz) y cualquier otra que pudiera apuntar a una posible autoría intelectual del ataque.
“Aun sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí, de forma tan enfática, se sostienen”, replicó la jueza.
Ante la prueba incorporada el pasado 19 de diciembre a la causa que investiga al grupo autodenominado “Revolución Federal”, mis abogados acaban de pedir nuevas medidas de prueba y la detención de Morel, Sosa y Guerra.https://t.co/2SqMJt6eCl
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La jueza recordó en su resolución que la fiscalía, a cargo de Carlos Rívolo, había señalado en su dictamen que no se detectaron elementos en la investigación que conduzcan a corroborar que los atacantes pudieron haber recibido, por ejemplo, financiamiento.
“Al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante”, había señalado Rívolo. El fiscal, según recordó la magistrada, había opinado que “respecto a la financiación del ataque, resulta objetivo e incontrastable que la logística y la materialidad del acto en sí no requirió de una gran inversión de dinero u otros recursos (…) La planificación previa sobre el domicilio de la Vicepresidenta y sus movimientos fueron realizadas por ellos mismos en las inmediaciones del domicilio de la víctima, conforme lo acreditan las conversaciones ya analizadas”.
En este video de 4 minutos 4 segundos, vas a conocer las nuevas y muy graves irregularidades de la no investigación de la jueza Capuchetti. pic.twitter.com/GuO6wW9cvb
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Cuando se opusieron a que la causa fuera elevada a juicio oral y público, los abogados de la querella, Ubeira y Marcos Aldazabal, opinaron que “lo que tuvo lugar en estos últimos ocho meses fue más un encubrimiento que una investigación”. Y además remarcaron: “La consecuencia obvia es que hay diversas líneas de investigación pendientes”.
“Si bien conocemos que Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo tuvieron parte en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, todavía nos falta, incluso, conocer detalles de sus roles y del marco en el que tuvo lugar su ataque”, enfatizaron los abogados en su momento y añadieron: “Todavía no está para nada claro cuáles fueron las motivaciones de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel. ¿Aceptaremos sin más la teoría del loquito suelto?”.
“Tampoco sabemos por qué Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte tenían certificados falsos de discapacidad, que Carrizo se encargaba de tramitar. La falsificación es un delito por sí mismo, pero lo cierto es que puede haber tenido un rol en el plan criminal. Podría darse por sentado que el único objetivo de los certificados era viajar gratis en colectivo, pero parece una medida demasiado compleja para un fin tan estrecho”, sostuvieron. En tanto que hipotetizaron, como una forma de resaltar que en el expediente aún hay incógnitas que no fueron develadas, que “puede ser que el fin fuera no pagar el transporte público, pero también puede ser que fuese algo más: por ejemplo, al usar un carnet de discapacidad para subir a un transporte público no se apoya la tarjeta Sube, con lo que no se puede rastrear el trayecto que hizo la persona”. “Lo mismo sucede con los DNI en poder de Sabag Montiel y de Carrizo. Es sumamente extraño que ambos tuvieran en su poder documentos de personas cuyas edades coinciden con las de las dos personas que estuvieron la noche del 1° de septiembre en Juncal y Uruguay. Este es otro indicio de que el plan podría ser mucho más elaborado de lo que se suele sostener”, escribieron.
