Los docentes de la UNLP vuelven al paro

Durante la jornada de ayer jueves se llevó adelante una reunión paritaria entre docentes universitarios y el Gobierno Nacional. La discusión por el salario fracasó y desde la gestión libertaria no se realizó un nuevo ofrecimiento a los educadores. Es por eso que los gremios que nuclean a los docentes universitarios de todo el país decidieron avanzar con una serie de paros.

Este viernes 18 de septiembre las casas de altos estudios de Argentina, incluida la Universidad Nacional de La Plata, no tendrán actividades en el marco de un paro que se extenderá también al martes 22. En total, serán 48 horas sin clases para las universidades.

Con estos paros, en lo que va del segundo cuatrimestre del año se perderían cinco días de clases. Aunque en la primera mitad del año el cese de actividades fue escalonado, ahora los docentes paran los mismos días, ya se perdieron clases dos martes, dos jueves y un viernes.

En la capital bonaerense, la medida fue aprobada y comunicada por la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP), quienes replicaron la medida de los Sindicatos y Federaciones de la Universidad Pública, Docentes y Nodocentes. Además, remarcaron que se acerca una nueva Marcha Federal Universitaria la cual está agendada para el jueves 15 de octubre.

Antes de la movilización, desde ADULP afirmaron que habrán 23 días de protestas, con medidas similares a las que se vivieron el martes en la ciudad. Clases públicas y cortes de tránsito.

Además de reclamar por un salario digno, los trabajadores universitarios esperan por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual cada vez está más cerca de cumplir un año desde su aprobación sin ser puesta en funcionamiento.

Por otra parte, está el gran dilema que espera a la educación superior en 2027. El Gobierno de Javier Milei dejó entrever el futuro de su presupuesto para el próximo año, en el cual se ve que el dinero destinado a las universidades será de unos $7,3 billones, casi $4 billones menos de lo que se estima sería necesario para garantizar el funcionamiento de las universidades de todo el país. Además, el documento propone una medida para poder retirar los fondos si las universidades no explican el destino de este dinero.